Desde que nació, la terminal de contenedores en Puerto Quetzal ha tenido una historia turbulenta, que terminó con la anulación definitiva del contrato 12 años después.
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Una crisis que llegó hasta suspender un nuevo viaje del presidente Bernardo Arévalo a Europa, ha generado la anulación en definitiva del contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals, que tiene a las autoridades buscando una solución.
La promesa es mantener el modelo utilizado hasta hoy por APM Terminals, con el fin de no interrumpir las operaciones portuarias y evitar la interrupción comercial, así lo manifestó a ministra de Economía, Gabriela García, tras culminar el Gabinete Económico (Gabeco).
En la búsqueda de soluciones ha participado no solo el Ejecutivo, sino que también el sector privado, la misma empresa APM Terminals, EPQ, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), diputados del Congreso y hasta asesorías internacionales.
"La prioridad es garantizar la continuidad del servicio. No nos confundamos. La terminal de contenedores opera con el modelo más probado de manejo de carga en el puerto. Perder eso, perder la forma, el modelo de operación es lo que Guatemala no se puede dar el lujo en el contexto actual. Ese proceso debe mantenerse sin importar quién lo haga", manifestó el ministro de Comunicaciones, Felix Alvarado.
Según el funcionario, la terminal de contenedores es "muchísimo mejor" en tiempo, eficiencia, costo, beneficios, que una operación convencional como se tenía antes.
¿Cómo lo van a lograr?
Ricardo Monterroso, gerente de EPQ, explicó a Soy502 que al culminar todos los procesos jurídicos y administrativos pendientes que dejarían fuera en definitiva a APM Terminals se hará una transición en fases que iniciará con realizar un inventario total de los contenedores que están bajo el resguardo de la terminal de contenedores.
Para ello, la SAT estaría implementando un proceso de "celeridad absoluta" en los plazos de los trámites de ingreso y egreso de los contenedores. Es decir, si un proceso tenía un plazo legal de hasta ocho días, cuando EPQ asuma las operaciones de APM Terminals, tendrá que hacerse en horas.
La segunda fase consiste en interconectar terminales para recibir y despachar carga, Monterroso reconoció que aún están afinando la estrategia para que el cambio sea "lo menos convulsivo para los usuarios", por ahora la idea es utilizar todas las facilidades que tiene APM Terminals.
Tampoco descartan tercerizar los servicios, es decir, contratar a empresas externas a través del Modelo de Régimen de Facilitación Indirecta, para que otros, bajo la supervisión de EPQ, auxilien con lo que no se pueda atender con celeridad.
Nueva concesión
Pero las operaciones no tardarían mucho en manos de EPQ, pues, por ahora, las autoridades ven como única salida "lanzar una licitación pública internacional que mantenga el modelo" implementado por APM Terminals.
"El proceso tiene que ser cuidadoso. Es un negocio muy grande que involucran actores muy grandes y se tiene que garantizar y proteger los intereses del Estado. Y en un contexto muy apretado de plazos, tenemos que garantizar que no se caiga la forma de operación de puerto, pues si perdemos eso estamos en un aprieto muy serio, porque por ahí entra y sale la mayor cantidad de productos del país", aseguró el ministro de Comunicaciones.
Del total de intercambio comercial de Guatemala con el mundo, un 65%, que representan 28,945 millones de dólares (unos, Q225,771 millones), corresponde a mercancías que ingresan y egresan por la vía marítima: Pacífico y Atlántico. Solo en Puerto Quetzal se maneja el 52%, según cifras del Ministerio de Economía.
Por ahora no se tiene claro si se haría una nueva concesión o se trataría de una alianza público-privada, pero es parte de las consideraciones que se están analizando en una "mesa de crisis", detalló el gerente de EPQ.
El problema es que en los últimos 40 años, el Puerto Quetzal no ha tenido ninguna inversión para mejorar sus instalaciones y por ahora la única terminal moderna es la de APM Terminals, que cubre el 60% de las operaciones de EPQ, pues tiene la capacidad de recibir y entregar más de 200 mil contenedores al año, mientras que las instalaciones nacionales solo pueden cubrir hasta 130 mil.
¿Por qué sigue operando APM Terminals?
Aunque la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva el contrato entre EPQ y APM Terminals, el 10 de junio pasado, la empresa filial de la holandesa Maersk Group sigue operando la terminal de contenedores.
Según el gerente de EPQ, podrá hacerlo hasta que se concluyan todas las aciones jurídicas y administrativas pendientes que consisten en que la Procuraduría General de la Nación (PGN) realice la cancelación de la inscripción del usufructo en favor de APM Terminals y luego lleve el "despacho" al Registro de la Propiedad para que esta cancele la figura legal que otorga la propiedad del terreno a la empresa europea.
Este "trámite" podría durar alrededor de quince días a un mes, dependiendo de la celeridad con que la PGN realice las acciones administrativas, así como de los posibles los temas legales pendientes. Por ahora, APM Terminals presentó una ampliación y aclaración a la Sala, pero esta lo rechazó "in límine" (sin entrar a conocerlo).
También el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el sector privado habría presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero estos indicaron que no les ha llegado ninguna acción relacionada con este tema a su despacho.
En tanto, "una vez el Registro de la Propiedad no cancele la figura legal de propiedad, APM Terminals podrá seguir operando".
Fuentes allegadas al Ejecutivo contaron a Soy502 que la PGN aún no ha iniciado el proceso en el Registro de la Propiedad, porque la "mesa de crisis" está evaluando la forma en que se hará la transición de las operaciones y la liquidación de los bienes entre APM Terminals y EPQ, para evitar un juicio internacional.
Contrato convulso
Desde los inicios de las negociaciones de la licitación para la concesión por 25 años a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que más tarde le vendió a AMP Terminals, fue extremadamente convulso.
Mientras que para el Ejecutivo, que en ese entonces estaba en manos de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, era una prioridad, para diputados de oposición el contrato era lesivo para el país, ya que según sus análisis Guatemala perdería el 80% de las ganancias que generaba, en ese entonces, Puerto Quetzal.
Otro de los problemas señalados fue la obligatoriedad de otorgar el contrato a TCQ, sin poder conocer las propuestas de otras empresas que permitieran escoger las mejores condiciones para Guatemala.
Finalmente, el acuerdo inicial se firmó el 11 de julio de 2012 entre TCQ, subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y fue ampliamente publicitada por la Administración de Pérez Molina, quien hizo un acto público junto a los representantes de la empresa de capital español, Juan José Suárez Mesenguer y Ángel Pérez Maura.
En el convenio se otorgó en concesión 34 hectáreas de terreno de EPQ durante un período de 25 años prorrogables, donde construyó un embarcadero con capacidad para recibir los buques más grandes del mundo para lo que habría invertido cerca de 120 millones de dólares, a cambio de pagar cerca de un millón de dólares anuales fijos a EPQ y el pago de 4 dólares por cada contenedor.
No obstante, ese mismo 2012, Pérez Molina aplazó la ratificación del contrato con TCQ.
Sin embargo, en 2016 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaron que Pérez Molina y Baldetti lideraron una red compuesta por 15 personas que procuraron la firma irregular del contrato entre EPQ y TCQ a cambio de sobornos que sumaban más de 30 millones de dólares (unos Q234 millones).
Por este caso fueron capturados el exinterventor de EPQ, Allan Marroquín y los empresarios de TCQ, Juan José Suárez Mesenguer y se pidió orden de captura internacional contra Ángel Pérez Maura.
Más tarde APM Terminals adquirió el 85% de TCQ y el otro 15% la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial y se inició un nuevo lío, pues la transición debía aprobarse en el Congreso donde nuevamente se opusieron, a pesar de que la nueva dueña pagó 32.7 millones de dólares (unos Q255 millones) correspondientes a una multa que estarían disponibles hasta que el Legislativo aprobara la iniciativa.
A pesar de los reproches, críticas, juicios penales y oposición, el proyecto pasó en el Congreso en 2017, empujado por el exmandatario Jimmy Morales, quien insistió en repetidas oportunidades que "no era una urgencia del Presidente, sino que una urgencia del Estado", pese a que un año antes había dado instrucciones a la PGN para declarar nulo el contrato.
Ese mismo año, se declaró la nulidad del contrato, pero varias acciones legales interpuestas por APM retrasaron el fallo y no fue hasta el 10 de julio pasado cuando la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo dejó en firme.
