El presidente estadounidense Donald Trump ha puesto fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual permite a los llamados dreamers (soñadores), inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores, permanecer legalmente en Estados Unidos.
Para paliar las críticas que su decisión pueda conllevar, el gobernante dio seis meses al Congreso para que encuentre una salida para los 800 mil afectados, un recurso complejo que, aunque encuentre alguna solución, difícilmente borrará una de las decisiones más oscuras del mandato de Trump.
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Aunque los defensores de esta medida alegan motivos jurídicos, la cancelación del programa, anunciada por el Departamento de Justicia como "una desconexión ordenada", tiene un claro motivo político: el mandatario se siente cómodo fustigando al indocumentado.
Congress, get ready to do your job - DACA!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2017
Tras la decisión, el presidente publicó en su cuenta de Twitter: "Que nadie se equivoque, vamos a poner el interés de los estadounidenses primero".
Make no mistake, we are going to put the interest of AMERICAN CITIZENS FIRST!
— The Trump Train (@The_Trump_Train) 5 de septiembre de 2017
The forgotten men & women will no longer be forgotten.
Los dreamers, un colectivo que encarna como pocos el sueño de multiculturalidad e integración que desde su nacimiento ha representado América, son 800 mil jóvenes registrados a quienes Trump llegó a declarar que “amaba” y a quienes prometió que no tenían de qué preocuparse.
Los beneficiados por el programa DACA deben haber entrado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y vivir permanentemente en el país desde 2007. Además, deben carecer de antecedentes y estudiar o tener el bachillerato terminado, a cambio de poder trabajar y conducir, así como acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito en el país del norte.
Figuras destacadas, como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, han pedido a Trump que deje a los parlamentarios buscar una solución permanente.
Al apoyo de un sector de republicanos se suma la presión externa de grandes compañías como Facebook, General Motors y Hewlett-Packard, cuyos directivos han exhortado a Trump a proteger a los dreamers.
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Cumplidores de las reglas del juego, estos jóvenes son ahora susceptibles de deportación, a menos que el Congreso encuentre una pronta solución a la situación.
*Con información de El País
