En dicho caso se señala de ejecución extrajudicial a siete agentes de la PNC, tras el asesinato de un ciudadano canadiense y otro guatemalteco en San Andrés Itzapa.
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El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, tiene previsto dictar sentencia este miércoles 21 de octubre contra siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procesados por el caso Itzapa, relacionado con la muerte de un ciudadano canadiense y un guatemalteco.
Antes de emitir el fallo, el Tribunal concederá la última palabra a los acusados, quienes podrán pronunciarse sobre los señalamientos formulados en su contra.
Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 18 de abril de 2024, el ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría murió presuntamente a manos de agentes policiales en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Durante los mismos hechos desapareció el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, cuyo cuerpo fue localizado posteriormente en un terreno baldío.
Penas solicitadas
El MP solicitó 60 años de prisión para cinco policías acusados de ejecución extrajudicial: el subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, entonces jefe de la subestación, y los agentes Yulisa Ayala, Yorleni Macario, Mauricio Abraham Contreras y Fredy Velásquez Pérez.
La petición contempla 30 años de prisión por cada una de las dos víctimas.
Para el agente Jacobo Rojas, el MP pidió 12 años por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, mientras que para Ángel Mario Roquel solicitó la misma pena por obstaculización de la acción penal e incumplimiento de deberes.
Defensas solicitan absolución
Durante la audiencia del pasado 15 de octubre, los abogados defensores solicitaron al Tribunal una sentencia absolutoria, al considerar que el MP no presentó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de sus representados.
Los defensores también cuestionaron la valoración de las pruebas y sostuvieron que la responsabilidad penal debe establecerse individualmente para cada acusado.
Antecedentes del caso
Tras los hechos ocurridos en abril de 2024, varios agentes abandonaron la subestación policial de San Andrés Itzapa, entre ellos Vásquez Rabanales, quien posteriormente fue localizado en Estados Unidos y deportado a Guatemala para enfrentar el proceso penal.
La investigación también involucró a un bombero, quien aceptó cargos por encubrimiento.
