El proyecto podría dar pie a la desaparición o absorción de varias instituciones que han velado por los recursos naturales desde distintos ámbitos.
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En las últimas semanas han surgido distintas opiniones sobre la iniciativa de ley 6054, la cual busca que todas las entidades relacionadas con el cuidado de los recursos naturales puedan ser agrupadas bajo el régimen del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
"La Ley que sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental” recibió dictamen favorable hace unos días por parte de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de la República.
¿De qué trata?
La propuesta busca que todas las entidades que resguardan de los recursos naturales en el país queden unificadas dentro de una misma entidad rectora.
“Se dieron vida a otras instituciones de competencia ambiental, las cuales fueron creadas mediante distintos cuerpos legales, con categorías y rangos distintos, dependientes de distintos entes gubernamentales, lo que ha generado en la actualidad una dispersión en la toma de decisiones y ha disminuido la eficiencia y efectividad de las políticas, programas y proyectos ambientales”, detalla la propuesta.
Las entidades que podrían verse absorbidas por el MARN son el Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, las autoridades de las cuencas de los lagos Atiltán, Amatitlán, Izabal, Petén Itzá y Río Dulce.
“Esta dispersión de toma de decisiones ha provocado la poca incidencia en la disminución al combate contra el medio ambiente, así como de la contaminación de dichas fuentes hídricas, debido al poco alcance institucional con el que cuentan”, agrega la propuesta.
Posturas
Tras consultar al INAB su opinión sobre esta iniciativa, su oficina de Comunicación informó que la entidad es respetuosa de la ley y que se acatarán las disposiciones que tomen en el Congreso.
Por su parte, la Universidad de San Carlos emitió un comunicado en el que ve con preocupación esta situación.
La Usac resalta que la propuesta carece estudios que sustenten el espíritu según la técnica legislativa mínima requerida, vulneran principios constitucionales, omiten observancia obligatoria de tratados y convenios internacionales en la materia ambiental, contienen disposiciones contrarias a los intereses del Estado de Guatemala, debilitan el marco legal y la institucionalidad pública ambiental.
Es por ello que la Usac pide al Congreso que desista de conocer esta iniciativa de Ley que evidencia deficiencia en su contenido técnico y legal, lejana a la realidad y necesidades del país y que afectan los intereses de la nación.
Avances
Actualmente, la propuesta ya fue conocida por la Comisión a cargo que tendrá que pasarla a los jefes de bloque para que determinen cuándo agendarla.
