Una sala de lo Contencioso Administrativo confirmó la anulación del contrato entre EPQ y APM Terminals, luego que se denunciara un desfalco durante la administración de Otto Pérez Molina.
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Luego de siete años de pelea legal, finalmente la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en definitiva anular el contrato de usufructo por 25 años que concedió la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que más tarde pasó a manos de APM Terminals. Ahora se viene otro problema: liquidar la concesión.
Según autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ahora corresponde la cancelación de la inscripción del usufructo en favor de APM Terminals y luego llevar "despacho" al Registro de la Propiedad para que cancele la figura legal que otorgaba la propiedad del terreno a la empresa europea.
Este "trámite" podría durar alrededor de quince días a un mes. Luego de ello, el terreno regresa a EPQ, mientras que APM Terminals se llevaría todo su equipo, maquinaria e instalaciones. Aunque, una vez el Registro de la Propiedad no haya cancelado la figura legal, la empresa europea podrá seguir operando.
¿Pueden apelar?
Luego que EPQ diera a conocer la anulación del contrato, APM Terminals aseguró, a través de un comunicado, que "revisan la juricidad de las resoluciones y están evaluando las siguientes acciones legales que corresponden" y que continuarán operando hasta que las autoridades competentes se lo permitan.
Sin embargo, el abogado Edgar Ortiz explicó que la empresa de capital europeo ya no tiene ningún recurso legal que frene la nulidad de la concesión, pues lo único que podrían pedir ahora es una ampliación o aclaración del fallo.
Ortiz recordó que la sentencia para anular el contrato se dictó desde 2017. En su momento la empresa presentó una casación ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en 2019 se falló en contra de APM Terminals.
En febrero de 2023 se presentó una acción en contra de este fallo, pero ahora en la Corte de Constitucionalidad (CC), y tampoco se le dio la razón a la empresa de capital europeo. Es decir, "APM Terminals ya agotó todas las herramientas a su alcance", subrayó.
Liquidar, el nuevo problema
Para Ortiz, después de que el Registro de la Propiedad cancele el usufructo en favor de APM Terminals se viene un nuevo problema para el Estado, porque "la nulidad lo que significa es que las cosas tienen que regresar al estado en el que estaban antes de otorgar la concesión".
¿Eso qué significa? Que el Estado deberá devolver el inmueble que construyó la empresa europea "y no se lo pueden llevar encima, por lo que es necesario evaluar cómo se hará la liquidación y tiene que ser un tema de país con todos los actores necesarios involucrados".
El abogado explicó que toda la inversión que realizó AMP Terminals en el área concesionada en EPQ está protegida por tratados internacionales, por lo que, de no devolverle sus recursos, la empresa podría demandar al Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y, si fallan en su favor, Guatemala tendría que pagar una "cuantiosa" indemnización.
Ortiz explicó que si se tratara de dos personas individuales, podrían llegar a un acuerdo económico, pero el Estado no puede, porque se rige por las leyes del país, como la de contrataciones que impide este tipo de acuerdos.
Sin embargo, dijo, es necesario buscar las salidas más justas sin afectar el tránsito comercial, que involucre a otros actores como el Congreso, que al final deberá aprobar las decisiones que se tomen, dependiendo de las salidas que encuentren.
Para el abogado, algunas de las salidas podrían ser una sociedad de capital mixto o una alianza público privada en un plazo que permita cubrir las inversiones que realizó APM Terminals, de lo contrario podría caerse en un problema similar como el caso de Ferrovías, donde se declaró lesivo el contrato y, luego de una queja y arbitraje internacional en contra de Guatemala por violar los tratados de inversión, se impuso un castigo que fue perjudicial para el Estado.
¿Qué dice EPQ?
Por su parte, el gerente de EPQ, Ricardo Monterroso, aseguró que ya existe una "mesa de crisis", pero que por ahora se han concentrado en buscar soluciones para la operatividad del puerto y así cumplir con la demanda de los usuarios, quienes no se deben de ver afectados.
No obstante, reconoció que APM Terminal manejaba el 60% de las operaciones portuarias, incluso, detalló que la empresa europea recibía más de 200 mil contenedores anuales, mientras que EPQ no pasaba de los 150 mil.
Monterroso recordó que el puerto no ha tenido una inversión para ampliar sus operaciones desde hace más de 30 años, por lo que las capacidades instaladas son limitadas para cumplir con las necesidades portuarias, por lo que todos sus esfuerzos, por el momento, se están concentrando en garantizar la operatividad del puerto.
El negocio
Luego de ganar las elecciones en 2011, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti iniciaron un proceso para dar en concesión parte del terreno que ocupa EPQ y firmaron un contrato con la empresa española Transportes de Contenedores de Barcelona, que después creó su filial guatemalteca denominada TCQ.
La intención era construir una plataforma moderna que permitiera al Estado cubrir la demanda comercial en el puerto. Tras 25 años, que duraría la concesión, esta edificación pasaría a manos del país.
En 2016, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía especial contra la Impunidad (Feci), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaron que Pérez Molina y Baldetti crearon una red para el pago de sobornos, que facilitaría los trámites legales para la operatividad de la concesión y la firma del contrato con TCQ.
Hasta ahora se conoce que se habrían pagado más de 30 millones de dólares (unos Q232.8 millones) a diferentes personas para agilizar la concesión y que, para lavar el dinero, se adquirieron varias propiedades de manera fraudulenta.
