Seis años después de la inauguración del Transurbano, el Ministerio Público (MP) allanó las oficinas de este por diversas denuncias que los señalan de anomalías en la contratación de personal de seguridad, la recepción y distribución del subsidio, la construcción de las paradas seguras, así como irregularidades en el cobro electrónico.
El Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA) es un consorcio que agrupa a 16 empresas de las cuales, ocho se encargan de la estructura básica de Transurbano: Tendencias Modernas Latinoamericanas, Expansión Corporativa, Rutas Metropolitanas del Norte, y Concesionarios de Transporte; estas poseen las licencias de operación del servicio de transporte público en la ciudad.
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Y es la empresa Sistema Integrado de Cobros Electrónicos, S.A. (SICE), que posee cuatro sucursales (Balotaje Electrónico, SICE Petapa, SICE Plaza Médica del Norte, y SICE zona 10), que se encarga de realizar los cobros en cada unidad de transporte de forma remota.
La Municipalidad de Guatemala confirma que los usuarios han realizado constantes denuncias sobre cobros en las tarjetas prepago de hasta 3 quetzales y las empresas que dirigen el Transurbano son acreedoras de decenas de sanciones por parte de la comuna.
Además, la Contraloría General de Cuentas (CGC) descubrió irregularidades en la adquisición del sistema prepago, puesto que se utilizaron 33 millones de dólares de las arcas del Estado (autorizados por el Acuerdo Gubernativo 103-2009) para comprar equipo que no ha sido utilizado.
Según la Contraloría, deberían de existir 3 mil 150 equipos de cobro electrónico en funcionamiento, pero la mayor parte de este se encuentra almacenado en las bodegas de SIGA ya sea arruinado u obsoleto.
Por otro lado, las denuncias contra las empresas que administran el Transurbano, cuentan con otra denuncia por la contratación de personal de seguridad. Desde la creación del sistema de transporte durante el Gobierno de Álvaro Colom, se asignaron recursos del Estado para contratar 2 mil guardias de seguridad privada.
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El Gobierno destinó 8 millones de quetzales para este fin y nunca se hizo público el listado de los agentes de seguridad, ni cuántos fueron contratados finalmente.
Por otro lado, también se cuestionó que el extinto Fondo Nacional Para la Paz (Fonapaz) destinara 80 millones de quetzales de su presupuesto para la construcción de las famosas “Paradas Seguras”, muchas que ya se encuentran destruidas, y fueron señaladas de estar sobrevaloradas.
La entrega y distribución del subsidio ha sido una denuncia constante por parte de los pilotos que incluso acusaron penalmente de extorsión en 2013 a Luis Gómez, entonces vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), pues señalaron que este les cobraba para entregarles el dinero que les correspondía.
El subsidio que el Estado entrega a la AEAU debe distribuirse entre los 2 mil 929 buses autorizados, de los cuales, según el último informe de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), solo circulan menos de 1 mil 150 buses en la capital.
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Edgar Guerra, jefe de esta unidad de la PDH, señaló que los pilotos denunciaron cobros de hasta 1 mil 600 quetzales por bus y el cuál, según explicaban, era para “fortalecer a la AEAU”.
En mayo de 2012, un grupo de 70 transportistas, presentaron un audio acusando a Luis Gómez de cobrarles 1 mil 566 quetzales de los 7 mil 193 que debían de recibir por cada bus. Según los transportistas, ese dinero se usó “con fines políticos”.
Cuando el expresidente Álvaro Colom y la AEAU anunciaron en 2009 la creación del Transurbano, indicaron que se comprarían 3 mil 150 buses que sustituirían todos los buses rojos. Entonces se cuestionó el apoyo económico del Gobierno y del Congreso para dicha empresa.
La AEAU estaba conformada por 29 cooperativas que a su vez era integrada por 1 mil 326 propietarios de buses y existía un problema en cuanto a la compra de las unidades nuevas, pues debía hacerla un solo propietario. Entonces se decidió que los dueños fuesen accionistas de las cuatro empresas que posteriormente obtuvieron la autorización para el transporte público en la ciudad.
Con la AEAU ordenada, estas cuatro empresas gestionaron un préstamo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil de 419 millones de dólares para comprar los buses a la empresa Daimler, subsidiaria de la Mercedes-Benz. Guatemala fue garante del proceso.
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En ese mismo año, el Congreso de la República autorizó la exoneración de impuestos por la importación de los más de 3 mil buses que ingresarían, de los cuales ingresaron 455 unidades y en la actualidad, son las mismas que siguen operando.
Por su parte, los ahora accionistas de la AEAU realizaron una denuncia penal señalando que la asociación les quitó las líneas de buses y no les pagó un centavo (hasta 2013) por ganancias de sus títulos de propiedad.
En febrero de 2013, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil resolvió intervenir las 16 empresas que administran el Transurbano, así como la AEAU, sin embargo, la intervención duró menos de un día.
* Con información de hemeroteca: Contrapoder, Acción Ciudadana y elPeriódico
