La SAT confirmó la ubicación de una estructura de empresas denominada B410 que facturó 6.4 billones de quetzales y defraudó al Estado por al menos Q300 millones.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló este miércoles 14 de agosto, sobre una estructura criminal que cometió defraudación tributaria por varios millones de quetzales.
El caso fue denominado B410, porque se determinó la creación de 410 empresas de las cuales el 75% tenían al mismo representante legal. Las empresas, figuraban con direcciones en la colonia Bamvi de la zona 7 capitalina, sin embargo, al hacer las inspecciones, la SAT determinó que estas no existían.
Estas empresas a la vez, estaban registradas bajo la modalidad de pequeño contribuyente y al menos 100 contaban con el mismo contador.
Las ventas del grupo B410
Según la SAT, el grupo B410 facturó 6.4 billones de quetzales, de los cuales 2.3 billones de quetzales en compras y ventas dentro del mismo grupo de empresas inexistentes y 3.4 billones de quetzales fuera del grupo de empresas.
La SAT además dijo que realizó 32 auditorías de todas las empresas involucradas en el grupo y determinó que han defraudado al Estado por al menos 300 millones de quetzales.
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Forma de operar
Se determinó que 9 de estas empresas inexistentes "vendieron" o dieron servicios al Estado dentro del período del 2021 al 2023 por Q81 millones. Las instituciones del Estado que adquirieron dichos servicios son varias y van desde Gobernación, Salud Pública, la Industria Militar, entre otras.
Además, la SAT identifica que 16 contribuyentes independientes le venden al Estado de forma directa, pero que "compran" al grupo B410.
Este "top" de contribuyentes que la SAT identifica, logra colocar compras en el Estado por 375 millones de quetzales en ese período de tiempo.
La SAT en su investigación, determinó que estos 16 contribuyentes que le venden al Estado por medio de empresas en el grupo B410, no son localizadas, varias presentan denuncias de extravío de documentos contables, otras con contabilidad incompleta y solo 4 presentaron documentación formal.
En el grupo B410 también hay dos constructoras que se beneficiaron y que fueron inscritas en el 2021, sin embargo, el domicilio fiscal no fue localizado.
Además, el domicilio registrado de ambas constructoras se ubica en Siquinalá, Escuintla.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La SAT no reveló el nombre del representante legal del grupo B410 y tampoco el nombre de las empresas vinculadas.
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