La SAT trabaja en un sistema para cobrar los impuestos que generan las ventas por Internet, por aplicaciones de Streaming y por utilizar servicios como los Airbnb.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) trabaja en un sistema que permita cobrar impuestos por las ventas que se realicen en Internet, así como las empresas relacionadas con servicios de Streaming.
Así lo confirmó el titular de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, en una entrevista en el programa A primera hora de Emisoras Unidas, este 18 de octubre.
"Ahorita ya estamos por sacar también el control de los Streamings y de las ventas digitales a través de Internet, ya habrá un módulo que va a controlar eso y también vamos a ordenar el mercado porque es competencia desleal a las empresas guatemaltecas que sí pagan impuestos", explicó el jefe de la SAT.
Además, se pretende obligar al pago de impuestos de las personas que venden servicios por medio de aplicaciones como la de Airbnb o de Uber, explicó.
El módulo para cobrar estos impuestos será llamado Deck y saldrá próximamente.
Eliminan el CF de facturas
El pasado jueves 14 de octubre fueron publicadas las reformas al reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual establece una serie de cambios a la emisión de facturas, específicamente a lo referente al "consumidor final".
El Acuerdo Gubernativo 245-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), establece que las facturas deberán emitirse con el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consumidor, o en caso no contar con este, extenderse con el número del Documento Personal de Identificación (DPI).
Además, las reformas establecen que una factura podrá emitirse con el uso de "Consumidor Final" o "CF" en caso las ventas o servicios acreditados a la factura sean menores de 2,500 quetzales.
En caso de la prestación de servicios como el agua potable, la telefonía o electricidad, se podrá utilizar "Consumidor Final" en las facturas cuando el cobro sea menor de Q500.
La normativa comenzará a aplicarse tres meses después de la publicación del acuerdo en el Diario de Centro América, es decir, entrará en vigor el 14 de enero del 2023.
