Un Tribunal de Amparo de Escuintla otorgó amparo provisional en el caso relacionado con la nulidad del contrato entre EPQ y AMP Terminals.
EN CONTEXTO: La turbulenta historia de APM Terminals, que tiene a Puerto Quetzal en crisis
La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó amparo provisional tras la declaración de nulidad del contrato de concesión entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals.
Según la Sala, esta medida se adoptó luego de estudiar y analizar los hechos y circunstancias, así como los derechos que se denuncian como amenazados por empresarios en coordinación con el Gobierno.
En la resolución decretaron que, de forma urgente, EPQ deberá "realizar todas las acciones y coordinaciones interinstitucionales que sean procedentes y atinentes dentro del marco legal existente para garantizar la completa e ininterrumpida operatividad" de la terminal de contenedores.
Eso sí, estas acciones las deberá realizar "respetando la nulidad del contrato de usufructo (por 25 años) celebrado entre EPQ y APM Terminals", mismo que fue declarado por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
También conminaron al Ministerio de la Defensa y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que "diligencien de manera urgente los permisos y autorizaciones necesarias que requiera EPQ para evitar un colapso logístico, de forma concordante y coordinada con las instituciones que tengan vinculación" con el puerto y la terminal de contenedores.
La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla constituida en Tribunal de Amparo otorgó amparo provisional relacionado con la nulidad del contrato entre @PortuariaEPQ y @APMTerminalsQTZ
La intención es "prevenir la vulneración o menoscabo de los DDHH de los guatemaltecos" pic.twitter.com/4Zy1FifTQ0
Se pronuncian
Luego del amparo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) manifestaron que con la acción de la Sala Mixta "se logra que no se interrumpan los servicios y no exista colapso logístico".
El amparo fue interpuesto por el Cacif, quienes aseguran que la resolución "permite asegurar el modelo más eficiente de operación portuaria, según los estándares internacionales" y que este continúe operando.
"Es indispensable que esta resolución vaya acompañada de un proceso transparente de licitación internacional, donde compitan las mejores empresas y se garantice un servicio ágil y eficaz", subrayó el Cacif a través de un comunicado.
Por otro lado, el diputado de Cabal, Luis Aguirre, aseguró que este es un logro de nación, un trabajo en conjunto coordinado el presidente Bernardo Arévalo que involucró al Organismo legislativo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, CACIF y la Contraloría General de Cuentas, unificamos esfuerzos para garantizar el bienestar de la economía nacional y el respeto de los derechos humanos de todos los Guatemaltecos."
Además, indicó que días atrás se rumoró sobre una posible intervención a la EPQ, pero consideró que esta no es una medida viable y que no resuelve ningún aspecto significativo del proceso legal.
“Esta resolución permitirá realizar una transición ordenada y realizar el proceso viable para una licitación pública internacional con todas las medidas de transparencia necesarias”, concluyó el diputado Luis Aguirre.
El problema
Luego que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretara la nulidad del contrato entre APM Terminals y EPQ, las autoridades de Gobierno entraron en un dilema debido a que la terminal administrada por la empresa europea recibe más del 60% de los contenedores.
La nulidad se estableció desde 2017, pero después de varias acciones legales que retrasaron la decisión, ésta quedó en firme el pasado 11 de junio.
Las investigaciones y denuncias iniciaron, en 2016 cuando la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaron que el contrato se logró, luego que una red de corrupción dirigida por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cobrara en sobornos más de 30 millones de dólares (Q236.6 millones).
Esta decisión suspendió un viaje del presidente Bernardo Arévalo a Europa, donde pretendía invitar al Papa Francisco a venir a Guatemala.
Además, puso en apuros a las autoridades de EPQ, quienes buscan una salida para mantener las operaciones del puerto sin interrupción, al tiempo que prevén más acciones legales para liquidar los bienes instalados por APM Terminals, sin llegar a un juicio internacional.
De igual forma, han indicado que la única salida a largo plazo es implementar una concesión internacional, en la que también podría participar APM Terminals.
