La Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) explicó las consecuencias del hurto de energía eléctrica a nivel social.
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La CODECOF adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) afirmó que el delito es uno de los mayores problemas de comercio ilícito en Guatemala, representa una pérdida de 50 millones de dólares (Q385 millones) y los grupos que lo realizan ,incluso llegan a la intimidación.
La comisión trabaja en la generación de un sistema confiable de recopilación, análisis y presentación de datos para medir el impacto de los delitos que afectan al comercio formal del país y busca nuevas oportunidades para trabajar junto a los actores que permitan la reducción del impacto negativo asociado a esta problemática.
Según CODECOF hay dos formas de llevar a cabo el delito:
No permitir el ingreso de personal de la distribuidora, a través de intimidaciones y amenazas para evitar la regularización de conexiones ilegales a la red de distribución y la manipulación de los contadores y/o manipulación del cable conectado a la red de distribución y vivienda.
Las acciones consisten en la organización de grupos por sector para cobrar una cuota mensual y motivar la resistencia y negación al pago regulado del servicio eléctrico.
Departamentos con más casos de hurto de energía eléctrica:
Los departamentos con mayor presencia de hurto y conflicto son Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu y Jutiapa.
“Lo que más preocupa sobre el tema del hurto de energía eléctrica es el poco avance que se ha tenido en materia legislativa para establecer penas de cárcel para las personas que cometen este delito. Con esta debilidad legislativa, los grupos antagónicos pueden seguir operando y fortaleciendo sus actividades ilícitas llegando así y con esa dinámica a comunidades pacíficas”, explica Axel Romero, gerente de gestión de CODECOF".
Sin cárcel:
"El principal problema del hurto de energía es la falta de acceso que tiene el personal de la distribuidora a las localidades donde operan estos grupos antagónicos, la divulgación de información falsa por parte de sus líderes quienes hacen llegar la consigna de que el servicio debe ser nacionalizado para no pagar el consumo de energía".
"De 2012 a la fecha se ha presentado 2,500 denuncias penales por hurto de energía y únicamente se han realizado 101 capturas por este delito que fueron resueltas a través de cauciones económicas para continuar en libertad y seguir con las actividades ilícitas de hurto y recaudación económica ilegal".
Romero explicó que para disminuir el impacto de este delito se necesita cambios en la legislación que regula el delito por hurto de energía pues actualmente solo aplica para sanciones económicas y no para penas de cárcel.
El sector eléctrico ha propiciado la realización de mesas de negociación y diálogo entre promotores sociales y líderes comunitarios para lograr acuerdos y compromisos, con buenos resultados: de los 207 mil clientes en comunidades conflictivas que hubo en enero de 2016, se logró disminuir a 106 mil clientes en diciembre de 2018 y 83 mil clientes en diciembre de 2019.
"La Comisión trabaja en el desarrollo de un plan estratégico para abrir espacios con los organismos y dependencias del Estado, gobiernos locales y líderes comunitarios para unir esfuerzos y lograr la identificación de casos para actuar con prontitud y certeza jurídica".
