La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó el recurso presentado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Sosa, en el que solicitaba la suspensión del artículo que permitía la persecución de militares por los delitos de genocidio y desaparición forzosa.
En su resolución, la máxima corte del país decidió no suspender provisionalmente el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, informó una fuente judicial.
La petición de suspensión fue presentada el pasado 12 de enreo por Sosa, tercero en la cadena jerárquica de mando en la fuerza armada guatemalteca tras el presidente y el ministro de la Defensa.
El recurso fue interpuesto a "título personal" y no a nombre de la institución, aseguró el portavoz del Ejército, coronel Hugo Rodríguez, tras su publicación.
Sosa, de 51 años, ha recibido 28 condecoraciones, entre ellas un distintivo de kaibil, fuerza militar entrenada en contrainsurgencia de la que además fue instructor en 1992, en plena guerra interna guatemalteca (1960-1996), según su hoja de vida.
El recurso fue presentado después de que 14 militares retirados fueran detenidos acusados de al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas en regiones del norte de Guatemala en la década de 1980.
Uno de los detenidos es el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del fallecido presidente de Guatemala Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
Este lunes, la jueza Claudette Domínguez decidió ligar a proceso penal a 11 de los 14 militares retirados acusados de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad.
Al mismo tiempo, otorgó "falta de mérito" en el caso de otros tres militares por supuestas "incongruencias" en las fechas presentadas en la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía), aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación.
