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¿Quién es Shirley Rivera, la nueva presidenta del Congreso?

  • Por Jessica Gramajo
23 de octubre de 2021, 09:00
Shirley Rivera, diputada electa por Vamos, será la nueva presidenta del Congreso a partir del 14 de enero del 2022. (Foto: Clickiando)

Shirley Rivera, diputada electa por Vamos, será la nueva presidenta del Congreso a partir del 14 de enero del 2022. (Foto: Clickiando)

"Respetando a la autoridad, respetamos a Dios", fueran las primeras palabras de la recién electa presidenta del Congreso; pero, ¿quién es Shirley Joanna Rivera Zaldaña?

EN CONTEXTO: Allan Rodríguez dejará la Presidencia del Congreso

Con 101 votos a favor, los diputados eligieron a la nueva Junta Directiva del Congreso que asumirá el próximo 14 de enero del 2022.

La Presidencia será ocupada por Shirley Joanna Rivera Zaldaña, congresista que asumió por primera vez en esta legislatura impulsada por el partido Vamos, mismo que llevó a Alejandro Giammattei a la silla presidencial.

Aunque Allan Rodríguez dejó la Presidencia del Congreso, esta seguirá en manos del partido de gobierno y la tomará Rivera, considerada "la mano derecha" del actual presidente del Legislativo. Opositores aseguran que él no firma nada, sin que ella lo haya leído, revisado y aprobado.

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Pese a ello, su trabajo legislativo no ha sobresalido. Solo ha participado en la presentación de dos iniciativas de ley. Una para garantizar la protección de la niñez "contra los trastornos de identidad de género" y otra para garantizar la "libertad de religión y creencia de culto". Ambas se encuentran en Comisión para su análisis.

También asumió la secretaría de la "Liga Parlamentaria de Amistad entre Guatemala y Japón", ha sido la subjefa del bloque Vamos, integra las comisiones de Seguridad Alimentaria, Economía, Desarrollo Social, Derechos Humanos y preside la de Apoyo Técnico.

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Es una de las legisladoras que nunca ha faltado a las sesiones plenarias, pero ha votado en favor de todas las iniciativas  que favorecen o que ha presentado al Ejecutivo como los Estado de Calamidad

El lado oscuro de Rivera

Desde hace cinco años, Mercedes Escobar Zaldaña, madre de Rivera Zaldaña arrenda el edificio que ocupa el Registro Nacional de las Personas (Renap) en Colomba Costa Cuca, a través de la sociedad anónima Construcciones GMZ. En 2016 se pagó 18 mil quetzales al año por el alquiler, pero en 2019 cuadruplicó a 72 mil quetzales.

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En un reportaje de elPeriódico, se asegura que está relacionada con al menos, cuatro constructoras y varias organizaciones no gubernamentales que reciben dinero o tienen negocios con el Gobierno, principalmente del Fondo para la Vivienda (Fopavi).

Una de las empresas es Grupo Dicon, S. A., de la cual Rivera Zaldaña fue la presidenta del Consejo de Administración y Representante Legal, hasta 2006. Esta sociedad anónima ha recibido contratos por parte del Fopavi por más de 53 millones de quetzales (Q53,344,206.80) para la construcción de casi 3 mil viviendas (2,702).

La cercanía con Allan Rodríguez podría provenir desde esa época, cuando el ahora presidente del Congreso trabajó en Fopavi entre 2004 y 2008, incluso, habría sido él quien convenció a Rivera Zaldaña de postularse a la política.

Su primera incursión fue en 2015 cuando participaron como candidatos a diputados por Sololá con la coalición Creo-Unionistas. No ganó una curul.

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En una entrevista que Rivera ofreció al blog Clickiando, cuando aún era candidata a diputada, la ahora congresista aseguró que sus padres son el cimiento de su educación y que ellos le inculcaron la "búsqueda de oportunidades".

Mientras que en agosto del año pasado figuró en una gran lista de 92 diputados a los que el Ministerio Público (MP) solicitó retirar el antejuicio señalados de desobediencia, debido a la negativa de realizar el procedimiento para la Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, un mes después fueron protegidos por la misma CSJ en donde los magistrados rechazaron la solicitud para retirar la inmunidad a los legisladores.

Soy502 buscó una reacción con la presidenta electa del Congreso, pero no respondió las llamadas ni los mensajes enviados.

Equipo de trabajo

Además de Rivera Zaldaña, la Junta Directiva estará integrada por Carlos López, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que apoyan a Sandra Torres. También es hijo del exdiputado Carlos López Girón, quien fue capturado en abril pasado luego de varios años de estar prófugo señalado en el caso de Plazas Fantasma en el Congreso y de financiamiento electoral ilícito.

Como segunda vcepresidenta fue electa Carolina Orellana Cruz, quien logró su elección a través de la Unión del Cambio Nacional (UCN), el cual ha sido vinculado con el narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos.

El tercer vicepresidente es Efraín Menéndez, electo por la agrupación política Valor, quien fue uno de los 82 legisladores que votaron en favor de la magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) de Roberto Molina Barreto y de la juramentación de Mynor Moto.

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Del partido de Gobierno Vamos, también estará el diputado Maynor Mejía Popol, como primer secretario, a quien se le vincula también con una empresa constructora que ha tenido contratos millonarios con el Fondo Nacional de Desarrollo (Fodes).

Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), será el segundo secretario. También fue uno de los que integró la lista de 92 congresistas a los que el MP solicitó retirarles el antejuicio, peor fueron protegidos por la CSJ. Anteriormente estuvo en Libertad Democrática Renovada (Líder).

En la tercera secretaría estará el sandrista de la UNE, Santiago Nájera, quien fue señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, en el caso Asalto al Ministerio de Salud. Sin embargo, en junio del año pasado la CSJ declaró sin lugar el retiro de los antejuicios.

Aníbal Rojas, de Visión con Valores (Viva), promotor y defensor de Zury Ríos, pero opositor acérrimo del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, asumirá como Tercer Secretario. Además, de tener a su esposa y cuñada trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, Marvin Alvarado, de Bienestar Nacional (Bien), será el Quinto Secretario. En 2020 vecinos de Totonicapán apedrearon su vivienda por haber votado en favor del criticado Presupuesto para este año. También es propietario y representante legal de la empresa constructora Cicsa, que ha obtenido más de Q25 millones de contratos con el Gobierno.

Solo cambian nombres

Para el politólogo Ángel Ramírez, al final en la elección solo cambiaron los nombres de los integrantes, pero es evidente que persisten las alianzas con el oficialismo, por lo que considera importante tomar en cuenta cuáles fueron los incentivos, más cuando hace unas semanas había habido un rompimiento.

"El problema son los incentivos. Hay señalamientos de compras de voluntades. Sabemos que son voces que suenan, pero tampoco hay investigaciones... El problema es que siempre la balanza favorece a las aspiraciones particulares y no al bien de la población", lamentó.

Para Ramírez, la nueva presidenta y Junta Directiva van a mantener la misma línea con la que ha actuado el Congreso, donde "el interés más importante es el manejo de los recursos financieros y mantener las cortes controladas, en coordinación con los otros dos poderes del Estado.

Mientras que el abogado César Sigüenza, quien da seguimiento al trabajo Legislativo y a la Política Pública, considera que el país está "en un problema con orígenes más profundos" permitido por el actual sistema político, pues impide a los ciudadanos fiscalizar la labor de su diputado distrital".

"Los incentivos para participar cambian cuando ya están en el puesto. (Entonces) los diputados defienden más los intereses de un partido político, en lugar de los intereses de los electores o el distrito por el que fue electo", resaltó el abogado de la firma Sigüenza y Carrascosa. 

De acuerdo con Sigüenza, lo que más le preocupa es que "se renuevan las personas, pero estamos en la misma situación en la que no tenemos noción de qué esperar del Congreso. Por ejemplo, la falta de elección de las cortes, demuestra que hay falta de interés para atender los intereses de la nación".

Otro ejemplo es el Presupuesto, dijo, ya que "no se logra identificar con claridad una política de Gobierno para atender las necesidades más grandes como la desnutrición. Llevamos años repitiendo que es un problema que necesita la máxima atención, pero sigue sin haber respuesta. La política no está atendiendo lo más necesario. Vivimos como flotando en un mar conde no avanzamos ni retrocedemos", lamentó.

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