El Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a 16 guatemaltecos entre el Informe de los Actores Corruptos y Antidemocráticos, más conocido como "Lista Engel".
EN CONTEXTO: EE.UU. oficializa la "Lista Engel" de Actores corruptos en Guatemala
Al menos 16 guatemaltecos aparecen en el Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de 2022, el cual emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran varios políticos, jueces y funcionarios de distintas entidades.
- Dennis Billy Herrera Arita: es un abogado guatemalteco acusado de socavar el proceso de instituciones democráticas, al participar en el esquema del caso conocido como "Comisiones Paralelas 2020", con el que se llenarían los puestos en las Cortes Suprema y de Apelaciones.
- Carlos Estuardo Gálvez Barrios, es el exrector de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), acusado de socavar el proceso o las instituciones democráticas, al utilizar su posición en la comunidad legal, para poder influir en los miembros de la comisión de nominación judicial, en la facilitación del esquema "Comisiones Paralelas 2020".
- José Rafael Curruchiche, es el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que corresponde al Ministerio Público (MP). Se le acusa de obstruir investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y oresentar denuncias aparentemente espurias contra la FECI, fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Cicig.
- Geisler Smaille Pérez Domínguez, es el juez del Tercer Juzgado Penal, quien es acusado de socavar los procesos democráticos al obstruir enjuiciamientos de los defensores del esquema de "Comisiones Paralelas 2020", para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- Sofía Janeth Hernández Herrera, es una diputada por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). A la legisladora se le acusa de socavar el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. Además, de solicitar sobornos y amenazar con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de tomar represalias contra sus enemigos, en beneficio personal.
- Mayra Alejandra Carrillo de León, se trata de la actual Directora del Instituto de Víctimas, quien habría socavado el proceso al usar su posición oficial para facilitar el esquema de "Comisiones Paralelas 2020", para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
- Erick Gustavo Santiago de León, un exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones de lo Civil, acusado de incurrir en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de los actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.
- Nery Oswaldo Medina Méndez, es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien es acusado de socavar el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de "Comisiones Paralelas 2020", para llenar las Cortes con jueces corruptos.
- Vitalina Orellana y Orellana, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, acusada de socavar el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de "Comisiones Paralelas 2020" para llenar las Cortes con jueces corruptos.
- Víctor Manuel Cruz Rivera, un Juez de lo Penal, que habría entorpecido las investigaciones por hechos de corrupción, al demorar indebidamente los procesos judiciales.
- José Luis Benito Ruiz, el exministro de Comunicaciones del 2018 al 2020, quien incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.
Empresarios incluidos en "Lista Engel"
- Axel Arturo Samayoa Camacho, es el propietario de varias empresas de transporte que operan en los puertos de la Empresa Portuaria Nacional y se habría involucrado en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos puertos.
- Ramiro Mauricio López Camey, se trata del copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), quien habría incurrido en corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno.
- Ramón "Moncho" Campollo Codina, es el actual propietario de Corporación de Energía de Guatemala, quien es acusado de participar en corrupción al sobornar a funcionarios públicos y de una manera perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE.UU. para mejorar la eficiencia energética.
- Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, se trata del actual propietario de la Corporación Energías de Guatemala, quien se habría involucrado en corrupción al sobornar a funcionarios públicos y de una manera perjudicar los objetivos comerciales y políticos de EE.UU. para mejorar la eficiencia energética.
- Mauricio López Oliva, es un copropietario de la Constructora Asfaltos y Petróleos (Aspetro), quien habría incurrido en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
Consulta aquí el documento original
Empresarios niegan señalamientos de EE.UU.
El listado preliminar y la Lista Engel
El 15 de julio comenzó a circular la nueva Lista Engel y en ella se encontraban los presuntos señalados de Guatemala y otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La Lista Engel requirió que el gobierno estadounidense identificara a personas extranjeras que se determinara que “se han involucrado a propósito en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, o en casos de corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
"Conforme a los requerimientos de la Sección 353, las personas extranjeras listadas en este informe no son elegibles en general para obtener visas para Estados Unidos ni para ser admitidas al país. A las personas extranjeras listadas en este informe se les revocará sus visas de inmediato y se les cancelará cualquier otra visa o documentación de ingreso válidos, a menos que opere alguna excepción o exención en el interés de la seguridad nacional.1 Conforme a la Sección 353(g), este informe se publicará en el Federal Register", indica un documento compartido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
