Los diputados podrían aprobar este martes una ley que data de 2019 y busca regular las tarjetas de crédito.
EN CONTEXTO: El Congreso busca aprobar una ley para regular las tarjetas de crédito
Para la sesión plenaria de este martes 6 de febrero está programada la aprobación en tercera lectura de una iniciativa de ley que plantea regular el servicio de tarjetas de crédito en el país.
La propuesta, registrada con la nomenclatura 5544, fue presentada en agosto de 2019 y recibió el dictamen favorable en diciembre de ese mismo año.
Conformado por 66 artículos, el proyecto de ley contiene diversos aspectos, que, según los ponentes, permitirán proteger los derechos de los tarjetahabientes e impedir grandes deudas con los proveedores, por mencionar algunos.
Soy502 analizó el contenido de la iniciativa, en el cual resaltan los siguientes puntos:
El objetivo
Con esta ley se pretende regular las operaciones de tarjeta de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, así como los mecanismos de protección del usuario del servicio y el respectivo régimen sancionatorio.
La propuesta establece que, además de los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito pueden ofrecer a sus asociados el mencionado servicio.
Claridad en el contrato
El proyecto estipula 19 aspectos que debe contener el contrato entre el emisor y el tarjetahabiente, de tal manera que este último tenga claros los compromisos que asume al adquirir el servicio.
De esa cuenta, la entidad correspondiente tendría que colocar todos los términos en un documento de fácil lectura. Entre ellos figuran las tasas de interés por mora o financiamiento, así como el pago mínimo, especificando en cada uno la forma de cálculo.
El convenio también tendría que dejar clara la manera de proceder en caso de robo, hurto, fraude, extravío, clonación o uso no autorizado de la tarjeta, así como las condiciones y procedimiento para las objeciones a operaciones contenidas en el estado de cuenta.
Capacidad de pago
Si la ley cobrara vida, los emisores estarían obligados a cerciorarse de la capacidad de pago del cliente, de manera previa a conceder la línea de crédito y extrafinanciamiento o modificar el límite de la tarjeta.
Así, no podrían optar a montos extensos quienes no acrediten que tienen los fondos para hacer frente al compromiso.
Convenios de pago
En casos en que la persona ya cuente con una línea de crédito y el emisor identifique que tiene dificultades para cancelar oportunamente, tendría que notificarle sobre un convenio de pago.
Podrían acceder a él los clientes cuya situación económica se haya deteriorado o quienes no estén de acuerdo con la modificación de tasa de interés por parte del emisor. En ambos casos la entidad financiera tendría un plazo de 30 días para dar respuesta a la solicitud de convenio.
Estado de cuenta
Otro aspecto que tendrían que garantizar los emisores de tarjetas es que cada compra, retiro de efectivo o consumo aparezca debidamente respaldado en el estado de cuenta.
Además, este último documento tendría que llegar al usuario con, por lo menos, 10 días de antelación a la fecha prevista para el pago.
El texto debería incluir un detalle de lo gastado, saldo disponible, extrafinanciamiento, intereses aplicados en el período, entre otros aspectos, así como una nota en la cual se indique lo siguiente:
"Cuando únicamente se efectúe el pago mínimo, aunque ya no realice consumo adicional alguno, tome en cuenta que el plazo para la cancelación de su deuda se extenderá, debido a que con dicho pago, se cubren primero los intereses, comisiones y otros cargos y, por último una parte mínima se amortiza a capital."
Diaco supervisaría
En otro apartado de la iniciativa, se indica que la Dirección de Protección al Consumidor (Diaco) tendría que solicitar a la Superintendencia de Bancos la información sobre cumplimiento por parte de los emisores de tarjetas de crédito sobre estándares internacionales de seguridad en las operaciones.
Prácticas abusivas de cobranza
El proyecto de ley también busca terminar con prácticas de cobranza que incluyen el hostigamiento y acoso.
Asimismo, contiene una prohibición para contactar a personas ajenas al deudor o fiador, lo cual aplicaría a los emisores de las tarjetas de crédito, gestoras, agencias de cobranza u otros que en nombre de ellas realicen tales actividades, incluidos los profesionales independientes.
