En redes sociales he visto muy repetido este argumento: "La justicia del país se puede cambiar a través de legislación ordinaria. No hace falta modificar la Constitución".
Quienes lo enarbolan tienen en parte razón y en parte, no. Por eso, quiero esbozar aquí cuáles son los límites más obvios para una reforma a la justicia por la vía de las leyes ordinarias.
La Constitución de 1985 establece cómo se integra y funciona el Organismo Judicial (OJ) en los artículos 203 a 222. En ellos se define quiénes pueden optar a ser jueces y magistrados, cuáles son los requisitos y garantías de los cargos, sus obligaciones y tiempo de servicio.
Los artículos 215 y 217 establecen que el sistema de selección de los 13 magistrados de la Corte Suprema y los 200 de Salas de Apelaciones descansa en comisiones de postulación, encargadas de elaborar listas de candidatos que luego son sometidas al Congreso.
Esas comisiones de postulación, donde participan universidades y colegios profesionales, fueron un error bienintencionado de los constituyentes. La idea era menguar la llamada "deuda política" de los magistrados, limitando la injerencia de los congresistas en su designación. Sin embargo, las comisiones se prostituyeron con las mafias, al punto que hoy existen universidades que surgieron con el único fin de participar en ellas. Se ha llegado al colmo de pedir extorsión por incluir nombres en las listas que llegan al Congreso.
Estas comisiones no se pueden eliminar sin tocar la Constitución.
Otro problema mayúsculo de las actuales cortes es que todos los magistrados del OJ se renuevan a la vez, porque los artículos 215 y 217 también estipulan que son electos al mismo tiempo para un período de servicio idéntico, de cinco años.
Esto supone una renovación completa de todas las cabezas del OJ cada quinquenio, lo cual somete al país a una presión monumental, pues políticos y mafiosos se sientan a negociar en manos de quién quedará la justicia.
De esas reuniones salen electos magistrados cada vez más impresentables, con la clara misión de otorgar impunidad. Y por si fuera poco, ese cambio constante rompe la continuidad de procesos administrativos y técnicos, además de desbaratar la carrera de los jueces.
La propuesta de reformas constitucionales busca eliminar estas negociaciones, fortaleciendo la carrera judicial. Esta ya se encuentra prevista en la Carta Magna, en el artículo 209, que dice escuetamente: "Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascenso se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia."
De igual forma, la ley de la carrera judicial ya existe pero no funciona. Ha sido práctica común que los magistrados utilicen las plazas del OJ como un botín político, donde los "recomendados" priman sobre personas que poseen mejor perfil profesional. Por esa razón, en las mesas técnicas donde se discutieron por meses las reformas, se pidió que a este punto se le diera un rango constitucional, con la esperanza de que así se cumpla.
Otro objetivo central --y el más polémico ahora-- de la propuesta, radica en crear un ente que se encargue de la administración del OJ, para que lo magistrados se dediquen exclusivamente a estudiar procesos y emitir sentencias, mientras otros funcionarios especializados se ocupan de los asuntos administrativos de la institución.
La justicia funciona así en todo el mundo civilizado, pues se supone que los magistrados deben ser eminencias jurídicas, no gerentes operativos, financieros y de recursos humanos.
Esta idea no es nueva pero tampoco está plasmada en la Constitución actual. Por el momento, es el tema que tiene detenidas a las reformas. Contrario a lo que se ha pretendido hacer creer, no es un tema de fondo ideológico, sino de estructuración de las funciones del Organismo Judicial.
Puede discutirse, pero que no se nos olvide que estamos contra el reloj. Según manda la propia Constitución, debe haber elecciones de cortes en 2019, al mismo tiempo que se realicen las elecciones legislativas, municipales y presidenciales.
Ese sistema de elección de cortes colapsó en 2014, cuando la magistrada Claudia Escobar denunció que un expresidente del Congreso, que ahora está preso, la intentó sobornar para obtener un fallo a favor de Roxana Baldetti.
Si llegamos al 2019 sin reformas, vamos al caos. Esas comisiones de postulación van a parecer un corral de gallinas sin cabeza y monos con cuchillo, donde las mafias tendrán todas las de ganar.
