Un proyecto de ley plantea el mecanismo para que entes estatales e iniciativa privada se asocien para la prestación de servicios.
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La Comisión de Economía del Congreso analiza la viabilidad de que ministerios, municipalidades y entes descentralizados y autónomos puedan asociarse con la iniciativa privada para crear empresas con capital mixto.
La propuesta está contenida en la iniciativa 6381 y plantea que, mediante ese mecanismo, el Estado podría aprovechar de mejor manera sus recursos y otorgar servicios públicos de calidad.
"El Estado maneja una riqueza de bienes, siendo estos naturales, corporales e incorporales, que pueden ser aprovechados de mejor manera con una administración más efectiva, tal como la ofrecen las Sociedades Mercantiles", reza el proyecto.
Así se conformarían
Para la conformación de estas empresas, según la iniciativa, se tendría que seguir el procedimiento de formación de una Sociedad Anónima, tal como lo establece el Código de Comercio.
Además, les serían aplicables los términos y disposiciones legales sobre las acciones societarias y derechos que provengan de ellas; sin embargo, la Contraloría General de Cuentas podría fiscalizar el accionar e intereses de la entidad estatal, en su calidad de socio.
El ministerio, municipalidad o ente autónomo que participara en este tipo de empresa, no necesariamente tendría que aportar dinero.
También podrían otorgar bienes tangibles e intangibles, "pudiendo ser estos últimos anticipo de créditos, subvenciones, exenciones, concesiones, suscripción de bonos u otros, según el proyecto.
La iniciativa indica que estas sociedades de economía mixta se dedicarían a la prestación, mejoramiento, ampliación y satisfacción de los servicios públicos.
Aplicarían controles
Otro aspecto contenido en la propuesta es que este tipo de sociedades se tendrían que someter a tres tipos de controles, a cargo de instancias específicas:
- Fiscal, a cargo de la Contraloría General de Cuentas
- Presupuestario, para verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Presupuesto del Estado
- Administrativo, para que el actuar del ente estatal corresponda a las políticas públicas vigentes
