En el Organismo Legislativo se estudia una propuesta que busca sancionar los ingresos ilegales a bancas virtuales y transferencias económicas sin autorización del titular.
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En busca de que Guatemala cuente con un marco legal que permita prevenir, sancionar y erradicar los actos que ponen en riesgo el patrimonio de los usuarios del sistema bancario en línea, se presentó una iniciativa en el Congreso.
El propósito es dar vida a una ley de ciberseguridad, pero centrada en aspectos financieros, según el diputado José Pablo Mendoza, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
Esta propuesta llegó al Legislativo el pasado 27 de febrero y la sesión plenaria de este martes 5 de marzo fue remitida a una comisión, para determinar si es viable su aprobación.
Uno de los aspectos destacados del proyecto es que plantea la creación de nuevos delitos, entre los que figuran:
1. Acceso ilícito
Este lo cometería cualquier persona que accediera de forma deliberada e ilegitima a un sistema informático infringiendo medidas de seguridad y/o con la intención de obtener datos informáticos.
El castigo que se propone en estos casos es de 4 a 6 años de prisión y una multa que podría llegar a los 200 salarios mínimos.
2. Interceptación ilícita
Este lo cometería quien interceptara sin autorización e ilegalmente datos informáticos en transmisiones restringidas, dirigidas u originadas en un sistema que utilice tecnologías de la información y comunicación.
Para este hecho, se sugiere una pena de 6 a 10 años de cárcel, así como una multa máxima de 200 salarios mínimos.
3. Ataque a la integridad de los datos informáticos
De aprobarse la ley, se catalogaría como delito la modificación, alteración y supresión de datos o registros informáticos, incluidos los relacionados con actividades comerciales, financieras o hasta recursos bancarios.
Es en este apartado que se podría basar un juez para sentenciar a quien ingresara de forma ilícita a una banca virtual o manipulara una cuenta bancaria, a través de sistemas informáticos.
El castigo que se propone es de hasta ocho años de privación de libertad y la multa podría llegar hasta los 500 salarios mínimos.
4. Apropiación de identidad ajena
Lo cometería quien usurpare, falsificare o suplantare sin autorización la identidad de otra persona individual o jurídica a través de un sistema informático. El castigo sugerido alcanza los seis años de prisión y multa de hasta 100 salarios mínimos.
5. Abuso de dispositivos
Este delito se le acreditaría a cualquier persona que use dispositivos o accesos para cometer las actividades mencionadas anteriormente. Esto incluiría el uso de contraseñas de terceros para ingresar a sistemas informáticos, con el fin de alterar su contenido o recursos.
Igual que la mayoría de acciones descritas arriba, la multa mayor sería de 200 salarios mínimos y la pena máxima de cárcel, seis años.
6. Fraude informático
De acuerdo con lo planteado en la iniciativa, se calificaría como fraude informático toda acción que mediante el uso de ingeniería social o manipulación de un sistema permitiera hacer transferencias monetarias no autorizadas.
La multa propuesta para esta acción alcanzaría los 300 salarios mínimos, mientras que la pena de prisión sería de ocho años, como máximo.
Propuesta con respaldo
Cabe destacar que este proyecto de ley tiene el respaldo de entidades como la Asociación Bancaria de Guatemala, Superintendencia de Bancos (SIB) y Banco de Guatemala (Banguat), cuyos representantes estuvieron presentes durante su presentación oficial en el Congreso.
Entre otros aspectos, la iniciativa también contempla la creación de un centro de seguridad interinstitucional de respuesta técnica ante incidentes informáticos y una red de asistencia mutua contra delitos informáticos, para atender de manera pronta los hechos de la mencionada naturaleza.
Instituciones como las siguientes estarían involucradas:
- Ministerio de la Defensa Nacional
- Ministerio de Finanzas
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Secretaría de Inteligencia Estratégica
- Ministerio de Gobernación
- Procuraduría General de la Nación
