El gobierno de Guatemala tiene “en caja” cerca de tres mil millones de quetzales de los que no puede disponer libremente.
Ese dinero, al que ya le quiere echar guante el sindicalista Joviel Acevedo y quién sabe cuántos pícaros más, proviene de la recaudación del IVA. Es crédito fiscal y por ley, debe ser devuelto a los exportadores que lo reclamen legítimamente.
Esa presa está acumulada desde hace tiempo, algunos fondos llevan ahí más de seis años. Es crucial que la SAT atienda ese asunto con la prioridad que merece y canalice el dinero. Eso significa que abogados y auditores deben determinar qué fondos de ese crédito fiscal deben devolverse a sus propietarios y sobre cuáles cabe una duda razonable.
La acumulación del crédito fiscal se remonta a principios de esta década. Anteriormente era imposible que se acumulara porque la ley le ponía un plazo perentorio de 60 días a la Hacienda Pública para devolver el dinero.
El problema surgió por dos razones: la ley cambió y le quitó a la SAT la obligación de reintegrar el crédito fiscal y además, el ente recaudador se percató de que hubo un grupo de exportadores que intentó hacer de chivo los tamales.
En realidad estos señores dejaron de ser exportadores y se volvieron fabricantes de IVA. Algunos llegaron al colmo de exportar contenedores vacíos con tal de generar la papelería necesaria para cobrarle al fisco. Dicen que hay un predio en Marruecos donde están varados esos contenedores como esqueletos en el desierto, los despojos de un naufragio de impunidad fiscal.
Del lado de la SAT, los funcionarios con vocación corrupta también encontraron la forma para explotar la norma con descaro. Abundan los exportadores que cuentan cómo se les acercaban algunos burócratas y otros respetables “gestores” para extorsionarlos con el crédito fiscal. “Dame x% y me encargo de que tu expediente salga rápido y te paguen”, era la fórmula repetida.
Lo peor es que muchos exportadores que se negaron a pagar esas mordidas luego enfrentaron las represalias furibundas de la Hacienda Pública, incluso bajo la forma de procesos penales.
Resultado: ahora hay una presa enorme acumulada de crédito fiscal en la SAT y un gran número de exportadores honestos que necesita recuperar su dinero está financieramente ahogado por malas prácticas del pasado que le son ajenas.
Es imperativo que la SAT desenrede los entuertos y proceda a realizar las devoluciones que sí corresponden. Asimismo, que persiga a quienes retorcieron las normas y en el proceso, cometieron delitos. Y ahí, se van parejo quienes armaron redes criminales en la SAT para extorsionar a los exportadores y los exportadores que se quisieron pasar de listos pretendiendo estafar al fisco.
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