Los diputados de la IX Legislatura se vieron obligados a dar marcha atrás en varias ocasiones, debido al rechazo de la población.
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La IX Legislatura está por terminar su período, el cual se inició el 14 de enero de 2020 y ha estado marcado por sonadas polémicas.
Uno de los aspectos que destaca en los casi cuatro años que llevan en el puesto los 160 diputados actuales es la aprobación de leyes que despertaron el rechazo de distintos sectores.
Aunque en todo el período se avalaron 128 decretos, hay algunos que no lograron entrar en vigencia, debido a que la presión social obligó a los parlamentarios a dar marcha atrás y archivarlos.
El primer revés afectó directamente al Ejecutivo, pues el Presupuesto General de la Nación que regiría en 2021 ni siquiera llegó al despacho presidencial para su sanción o veto.
Así nació el "Pacto de Corruptos"
En la madrugada del 23 de noviembre de 2020, el entonces presidente del Congreso, Allan Rodríguez, acompañado de la Junta Directiva y bancadas aliadas al oficialismo anunciaron, en un mensaje a la nación, que habían acordado suspender el trámite de ese techo de gastos.
La grabación se difundió en el canal de ese organismo y en las redes sociales, dos días después de una serie de manifestaciones que terminaron con un sospechoso incendio en el Palacio Legislativo.
El rechazo a la normativa se debió a que los parlamentarios no solo aprobaron el presupuesto, que ascendía a Q99.7 millardos, sino que incluyeron tres préstamos sin que estos pasaran por el trámite correspondiente, aumentando así los fondos disponibles para la administración de Alejandro Giammattei.
Fue con ese hecho que nació el término "Pacto de Corruptos".
Aumento de castigo por abortos
Otra disposición que se archivó fue la denominada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual aumentaba las penas de cárcel por abortos y prohibía a las entidades educativas promover programas relativos a la diversidad sexual.
La norma iba más allá y restringía el matrimonio en personas del mismo sexo, pese a que en la legislación nacional no existe esa figura, y hasta prohibía su unión de hecho.
Según sus ponentes, el objetivo era proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre hombres y mujeres. Asimismo, asegurar la libertad de conciencia y de expresión, igual que defender el derecho de los padres de educar y orientar a sus hijos en el ámbito sexual.
Las protestas que generó esa ley hicieron que Giammattei la devolviera al Congreso, bajo el argumento de que violentaba tratados internacionales. Así, los parlamentarios decidieron archivarla, solo siete días después de su aprobación.
Contra la libertad de expresión
Otro decreto que no alcanzó a ser conocido por el jefe del Ejecutivo fue el que tipificaba nuevos delitos, supuestamente para combatir la ciberdelincuencia, pero que, según expertos, supondría una herramienta para acallar críticas contra funcionarios.
Esta ley se aprobó con el voto favorable de 100 diputados, entre oficialistas y sus aliados, a principios de agosto de 2022 y y tres semanas después fue archivada, pues el rechazo fue masivo.
Uno de sus artículos que generó polémica fue el que establecía como delito el acceso a datos personales, familiares, informáticos o comerciales, de naturaleza privada o pública, pues, de acuerdo con varios análisis, afectaría la labor de periodistas.
Además, había otro apartado que castigaría la difusión de "memes", la publicación de denuncias o cualquier otro contenido en las redes sociales que se considerase falso o cruel. Ya que esto alcanzaba a autoridades estatales, se considero un tipo de ley mordaza.
Ley contra la ciberdelincuencia no será válida. Diputados aprueban observaciones y objeciones y archivan el decreto 39-2022. pic.twitter.com/h4PyzbLpTW
El presupuesto de los candados
Más recientemente y por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Congreso no logró que cobrara vigencia el Presupuesto General de la Nación que se aprobó para 2024.
Además de contener múltiples candados para la ejecución del gasto y favorecer a empresas allegadas a la administración de Giammattei, esa ley asignaba fondos a obras de infraestructura específicas, sin posibilidad de modificarlas.
También obligaba al Ejecutivo a solicitar un nuevo permiso al Parlamento cada vez que requiriera colocar bonos del Tesoro para el pago de deuda y otorgaba recursos a oenegés que se crearon hace un par de meses, algunas ligadas a actuales diputados.
Las críticas al plan de gastos fueron diversas y procedieron no solo del gobierno electo, sino también de empresarios, organizaciones indígenas y entidades que velan por los derechos de la población más vulnerable.
Ni el Legislativo ni el mismo presidente Giammattei atendieron los llamados y dejaron que la norma entrara en vigencia. No obstante, el gusto les duró poco, pues a mediados de diciembre pasado la CC decidió dejar en suspenso lo actuado.
¡URGENTE! ⎪CC deja en suspenso la aprobación del Presupuesto 2024https://t.co/HLgPFSrh1Z pic.twitter.com/gpoaJWqi7k
