A criterio del Centro para la Defensa de la Constitución, la PNC debe ejecutar las órdenes emanadas por juez competente.
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El presidente Bernardo Arévalo y sus asesores se encuentran en el ojo de la opinión pública por solicitar una reunión con la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y por anunciar que no acatarán órdenes que consideren ilegales.
La reacción del gobernante ocurrió tras un allanamiento en la vivienda del exministro de Comunicaciones, Felix Alvarado, en la zona 15, dos días después de informar que renuncia de dicho cargo, operativo que el presidente calificó de una acción espuria por parte del Ministerio Público (MP).
"Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un MP criminalizador y arbitrario e implementaremos un procedimiento para asegurar que toda orden sea ejecutada de acuerdo a la Constitución y la ley", expuso Arévalo.
¿Es ilegal?
Sobre este último punto, Francisco Quezada, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), explicó el procedimiento: "El MP se hace apoyar de la Policía Nacional Civil (PNC) en la rama de investigación y en la que el primero actúa dirigiéndola".
Quezada, de esa manera, afirma que la PNC no tiene posibilidad de cuestionar si la orden conviene o no, si es política o persecución, ya que esa es una potestad de los sujetos procesales.
"En el caso de los allanamientos, son una orden judicial que el MP tiene que acatar apoyándose en la PNC en temas logísticos y seguridad de la diligencia" y añadió que en estos casos la orden es emanada por un juez competente.
En el caso de que la PNC no cumpla con la orden de juez, según el togado, el director tendría que responder por no haberla acatado y escala por jerarquía, para determinar su origen y es ahí en donde se desacataría la ley.
