El MP presentó una nueva solicitud de retiro de antejuicio contra los magistrados del TSE; esta vez, por un caso relacionado con el sistema de transmisión de resultados preliminares durante las votaciones.
EN CONTEXTO: MP presenta antejuicios contra magistrados del TSE
Después que fueron llamados a declarar tres empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en calidad de testigos, entre ellos uno que ya había fallecido, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) busca el retiro de inmunidad a magistrados titulares y suplentes de esa institución.
Por medio de un extenso comunicado, el ente investigador informó este miércoles 27 de septiembre sobre la acción que planteó por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
El caso se relaciona con "posibles irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del proceso electoral 2023, dio a conocer el MP.
Agregó que debido a ello, se solicitó el levantamiento del derecho de antejuicio a los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro , Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco. La medida también alcanzaría a los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona Catalán y Álvaro Cordón.
En el comunicado se indica que tal acción se planteó en seguimiento a una denuncia interpuesta el 29 de junio, cuatro días después de que se celebró la primera vuelta electoral. En ella también se acusaría a empleados de la Dirección de Informática del TSE.
Cabe recordar que en esa fecha fue el partido Valor el que pidió "la investigación inmediata de serias anomalías", tras presuntas irregularidades en las elecciones.
Presuntas ilegalidades
El jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, explicó que una de las irregularidades detectadas fue que la compra del TREP a la empresa Datasys, S.A. tuvo un costo superior a los 34 millones de quetzales, en comparación a lo que ofrecía otra compañía.
Cabe destacar que tal aspecto se supo desde febrero de este año, cuando el TSE oficializó al adquisición del sistema. Tomando en cuenta tal dato, la medida legal de la Fiscalía de Delitos Administrativos se presenta siete meses después.
En aquel entonces, los magistrados indicaron que se eligió ese mecanismo debido a que cumplía con "los criterios de calidad, características y tiempo de adecuación para desarrollar los simulacros".
Hasta antes de que se desarrollara la primera ronda de votaciones, en el marco de las Elecciones Generales 2023, no se supo de ninguna denuncia.
Tres investigaciones sobre el TREP
Además de las pesquisas que desarrolla la Fiscalía de Delitos Administrativos, el departamento de Información y Prensa del MP confirmó que hay otros dos casos referentes al TREP.
El 18 de agosto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) citó al encargado de la Dirección de Informática del Tribunal, Jorge Santos, a quien se le pidió presentarse a la sede de esa unidad de investigación, en la zona 1 capitalina, "acompañado de su abogado de confianza".
En la citación se indicaba que el propósito era "llevar a cabo diligencia de declaración de información testimonial, en calidad de testigo".
En días anteriores el jefe de esa unidad de investigación, Rafael Curruchiche, dijo que había supuestas irregularidades en el manejo de datos en el TSE durante la primera vuelta, incluida la intervención de personas extranjeras.
Una de las personas a quien se indagaría es el colombiano Gustavo Villamil, de Datasys, S. A., creadora del TREP.
Las pesquisas sobre el trabajo de la Dirección de Informática y los medios usados en la primera vuelta electoral se iniciaron el 3 de agosto, cuando el MP efectuó diligencias en el Parque de la Industria, en seguimiento a una denuncia de supuesto fraude presentado por el partido Valor.
Personal de la Fiscalía contra Delitos Electorales estuvo a cargo de esas labores. Según se informó en ese entonces, la investigación está relacionada con "la forma de documentar y de sumar o computar los resultados" de la ronda de votaciones que se celebró el 25 de junio.
Con las diligencias, el MP buscaba obtener copia certificada en formato digital de los resultados de las distintas elecciones: binomio presidencial, corporaciones municipales, diputados del Congreso y al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Un día después, el TSE confirmó la entrega de los documentos requeridos por la Fiscalía.
Diferentes líneas de investigación
Al ser consultada sobre si los casos se podrían unir, la institución respondió que cada fiscalía trabaja desde ámbitos diferentes. Esto hace pensar que podrían haber más acciones legales al respecto.
En su comunicado, el MP menciona que "es únicamente a través de la investigación objetiva e imparcial que se puede establecer si existe la comisión de hechos delictivos y lograr la averiguación de la verdad".
