Antes de terminar su mandato, los exmagistrados de la CSJ emitieron un acuerdo que les brinda seguridad personal hasta 2029.
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Que la Contraloría General de Cuentas fiscalice el impacto que tendrían los beneficios que se recetaron miembros de las dos últimas administraciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es la petición que hizo un diputado.
José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), envió un oficio a la entidad para solicitar una auditoría, en la cual se verifique el marco jurídico de dos acuerdos que se emitieron cuando Silvia Valdés y Óscar Cruz estaban por finalizar su mandato en el Organismo Judicial (OJ).
Se trata de normativas en las cuales se autorizan vehículos, pilotos y seguridad personal para los exmagistrados por un período de cinco años.
Por medio de las redes sociales, el parlamentario dio a conocer su requerimiento, el cual, dijo, obedece a que "la población esta cansada de los privilegios". Además, compartió el documento que presentó ante la Contraloría.
En él se pide practicar una auditoría en el OJ, centrado en los siguientes beneficios para quienes integraron en su momento la CSJ:
- Indemnizaciones
- Seguridad
- Uso de vehículos y combustibles
- Mantenimiento de automotores
De acuerdo con Chic, el propósito es establecer si las disposiciones son legales. "De no serlo, que se impongan las sanciones que corresponda y, de ser necesario, que se revoquen los acuerdos", dijo.
Millones para los exmagistrados
El pasado martes 15 de octubre se publicó el Acuerdo 63-2024 de la CSJ, en el cual se establece que los togados que finalizaron sus funciones el pasado 12 de octubre deben ser indemnizados, tal como ha ocurrido en otros períodos.
Hasta el momento, no se ha establecido cuánto dinero recibirían por los 10 meses que estuvieron en funciones, pero quienes conformaron la CSJ cuando Silvia Valdés estuvo al frente y dejaron el puesto en 2023 recibieron hasta Q1 millón cada uno.
Adicionalmente, los recientes exmagistrados se recetaron la asignación de un piloto y dos guardias de seguridad por turno, así como el respectivo vehículo, combustible y gastos de mantenimiento.
Según estimaciones de las autoridades, ese beneficio le representaría al OJ un gasto anual de Q6.55 millones, que para 2029, cuando terminaría la cobertura, alcanzaría los Q32.75 millones.
Este es un fragmente del acuerdo mediante el cual se avaló la seguridad para los exmagistrados:
