El exmilitar Benedicto Lucas García enfrenta acusaciones por crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio.
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El 7 de noviembre, el Ministerio Público (MP) solicitó una condena de 2.860 años de prisión para el general retirado Benedicto Lucas García, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996).
Este es el segundo juicio por genocidio en el país, luego de la histórica condena al exdictador Efraín Ríos Montt en 2013.
Lucas García enfrenta acusaciones por la desaparición forzada de 70 personas y la muerte de 844 indígenas, atribuida a su rol como exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala.
Según la Fiscalía de Derechos Humanos, habría dirigido una política de exterminio contra el pueblo maya Ixil en Quiché, considerando a las comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul como "enemigos internos" durante la dictadura de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982).
Los hechos
En este período se documentaron 32 masacres en más de 20 comunidades ixiles, con víctimas que incluyen a niños menores de tres años, mujeres embarazadas y ancianos.
La fiscal Cándida Morales Santos, en su intervención en el juicio, subrayó la brutalidad de las operaciones militares, mientras que alrededor de 50 familias indígenas se han unido al proceso penal a través de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).
Este proceso judicial continúa el esfuerzo por esclarecer los crímenes de genocidio en Guatemala, tras la condena anulada de Ríos Montt, suspendida por la Corte de Constitucionalidad por fallos de procedimiento y presiones políticas.
Actualmente, Lucas García cumple una pena de 58 años por otro caso vinculado al conflicto armado interno, relacionado con la desaparición forzada de un joven y la tortura de su hermana, hechos ocurridos en 1981.