Una nueva pugna se ha generado entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras.
EN CONTEXTO: Consuelo Porras pide procesar a Bernardo Arévalo y destituir a funcionarios
Recientemente, el Gobierno de Guatemala denunció que el Ministerio Público (MP) secuestró el padrón electoral. El MP respondió que no era cierto, pero eso fue solo el inicio de una nueva pugna entre ambos bandos, la cual llegó a la Corte de Constitucionalidad, quien tendrá la última palabra.
Durante la noche del 31 de julio, el MP publicó un video de 17 minutos, en el cual la fiscal Porras explica que presentó ante la CC "una acción de debida ejecución", respecto al amparo que le otorgó el pasado 8 de mayo.
En esa resolución, la CC "protegió" a Porras para evitar su destitución y ordenó a las autoridades de abstenerse de actos constitucionales y legales que atenten contra el mandato de Porras.
Según la fiscal, esta resolución no se está cumpliendo por parte del Ejecutivo, por lo que pidió a la CC hacerla cumplir y destituir a quienes no la han acatado.
Con esto, el MP pidió que sean separados del cargo de manera inmediata a: Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia; Julio Roberto Saavedra Pineta, Procurador General de la Nación; Jonathan Menkos, ministro de Finanzas; y también a Santiago Palomo Vila, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, cuya subordinación depende del presidente de la República.
"Presidente, le recuerdo que nadie es superior a la ley, hay que respetarla y hay que cumplirla. Tal y como lo dije hace unos meses, señor presidente, deje de mentirle a la gente, sea serio y póngase a trabajar. Ya basta de tanta mentira, ya basta de tantos ataques, ya basta de… pic.twitter.com/pMyA7y7kUT
¿La CC puede destituir funcionarios?
"La CC sí puede destituir funcionarios. De hecho, hay un antecedente en 2010, cuando destituyó al entonces ministro de Educación, Bienvenido Argueta, pero los escenarios son diferentes", explicó Edgar Ortíz, abogado constitucionalista.
De acuerdo con Ortíz, la ley de amparo, que es la normativa que regula lo referente al amparo y acciones constitucionales, dispone que una orden judicial es obligatoria y si una autoridad no cumple, entonces puede ser destituido.
Aseguró que en el caso de Argueta, él no cumplió con entregar una información que la CC le había ordenado y, por lo tanto, fue destituido.
En el presente caso, señala que el problema es que el amparo provisional que la CC otorgó a Porras no es claro en señalar alguna acción concreta, solo dice "abstenerse a cometer actos contra la independencia de la fiscal".
"El problema aquí es determinar si la fiscal tiene la razón o no, en decir que los funcionarios han incumplido lo manifestado por la Corte", aseguró Ortíz.
Para el abogado, más que un tema legal también es político.
"Tiene una dimensión política que va más allá de la parte legal. La parte legal es el punto de partida de dónde me puedo agarrar para atacar, creo que es una decisión que cae en el ámbito político, porque no es una decisión clara. Políticamente, hay que ver en dónde está parada la corte, la tensión entre Ejecutivo y la Corte está fuerte", manifestó.
#MPfuerteYfirme
El amparo fue presentado el 5 de mayo ante la amenaza real, cierta e inminente de que el Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y… pic.twitter.com/WLVAjyom89
Ejecutivo responde
El Organismo Ejecutivo respondió a lo manifestado por la fiscal Porras: "Es una acción burda y sin sentido. Una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población".
Días atrás, cuando denunciaron el secuestro del padrón electoral, señalaron que el MP insiste en "sabotear el último proceso electoral. Nada le impide alterar o difundir los datos del padrón", dijo en ese momento Santiago Palomo, secretario de comunicación social de la presidencia.
También pidieron a la ciudadanía exigir al Congreso la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la que permitiría la destitución de Porras.
El secuestro del padrón electoral por parte del Ministerio Público es una amenaza a nuestra privacidad y derechos.
Exijamos la devolución del padrón al TSE y defendamos la democracia. pic.twitter.com/HN0Qqad4Vw