En 2021, Estados Unidos incluyó a Consuelo Porras en el listado de actores corruptos e impuso sanciones en su contra.
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Debido a que Consuelo Porras está incluida en la lista de actores corruptos y tiene prohibición migratoria para visitar Estados Unidos, ahora, el Partido Republicano de Florida busca que la fiscal general pueda obtener Visa Americana y así asistir a los eventos previos a la toma de posesión de Donald Trump como presidente.
Comunicación Social del Ministerio Público, confirmó que recibió una copia de la comunicación electrónica que envió el partido Republicano de Florida, la cual fue dirigida al embajador de los Estados Unidos en Guatemala, en la cual se solicita el permiso migratorio para Porras.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce si la embajada extenderá la Visa o no.
Fue la semana pasada, cuando se filtró una invitación que la fiscal Porras había recibido. Aunque inicialmente indicaron que era para la toma de posesión de Trump, luego se confirmó que eran para actividades previas, las cuales eran organizadas por el partido Republicano pero que no tenían el aval del candidato.
La invitación a Porras fue girada por el director ejecutivo del Partido Republicano de Florida, Bill Helmich, para participar en eventos inaugurales que se realizarán en Washington, previo a las actividades de toma de posesión de Donald Trump.
Los eventos inaugurales del Partido Republicano de Florida se llevarán a cabo del 17 al 21 de enero próximos, mismos que, según la misma invitación, "brindan la oportunidad para interactuar con los votantes y patrocinadores de Florida" y son ajenos las actividades de toma de posesión.
La sanción a Porras
El 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo el anunció a través de Twitter. Consuelo Porras y su cercano asesor Ángel Pineda están incluidos en la lista de "actores corruptos y no democráticos de la sección 353".
Uno de los efectos de estar incluidos en dicha lista es el retiro de la visa estadounidense.
La sección 353 se refiere a personas extranjeras que de acuerdo a la información obtenida por las agencias estadounidenses han realizado actos significativos de corrupción o han obstruido investigaciones sobre corrupción tanto en Guatemala como en El Salvador y Honduras.
