El informe anual de la Contraloría General de Cuentas (CGC) revela varias anomalías que podrían terminar siendo juzgadas como actos de corrupción en los tribunales de justicia.
Según los auditores, tanto el Gobierno central como las municipalidades y otras instituciones que ejecutan recursos públicos incurrieron en acciones cuestionables.
Taracena denunciado
La CGC denunció a la Junta Directiva del Congreso de 2016 encabezada por Mario Taracena. Los auditores dudan de que 1 mil 375 empleados temporales (022) hayan llegado a trabajar, pues no encontraron registros de entrada ni salida.
#InformeContraloría @CMencos_Oficial reconoce que la JD del #CongresoGT en 2016 tiene argumentos válidos contra hallazgos. @soy_502 pic.twitter.com/AqcUsAsrdn
— José Castañeda (@JoseCSoy502) 30 de mayo de 2017
Sin embargo, durante la presentación del informe anual, el titular de la CGC reconoció que Taracena tiene argumentos que pudieran resultar válidos, por lo que dejó en manos del Ministerio Público (MP) la denuncia.
La Ley Orgánica permite a c/dip 1 asistente, 1 asesor y 1 secretaria en renglón 022 que responden exclusivamente al criterio del diputado...
— Mario Taracena (@MarioTaracena) 30 de mayo de 2017
Las indagaciones a la administración del parlamentario revelaron 23 hallazgos, entre estos que los diputados recibieron Bono 14 de más, lo que representó un sobregasto de más de 2 millones de quetzales.
Los muertos cobran
Según la auditoría, 192 personas siguen recibiendo jubilación a pesar de haber muerto, lo que representó un gasto de 1 millón 624 mil quetzales. Los delegados de la CGC compararon los listados de beneficiarios con los datos del Registro Nacional de Personas (Renap) para detectar la anomalía. Además, 12 jubilados ocupan alguna plaza en el Estado.
En el Ministerio de Desarrollo Social también fueron encontrados 592 beneficiarios de los programas sociales que ya están muertos. En ambos casos, la CGC presentó denuncias ante el MP.
Falsos médicos
La Fundación Pediátrica Guatemalteca, una Organización No Gubernamental que recibe aportes estatales, tiene contratados a 18 "doctores" que, según los auditores, no aparecen en los registros del Colegio de Médicos.
Los contratos de los 18 galenos generaron el desembolso de 2 millones 546 mil quetzales. La CGC asegura que estas personas aparecen como proveedores de medicamentos a pesar de que no cuentan con los permisos necesarios.
Denuncias y solicitudes de reembolsos
Las 511 revisiones generaron: 4 mil 169 sanciones por anomalías en el manejo de 175.9 millones de quetzales; 271 denuncias penales por supuestos actos de corrupción por Q2 mil 785 millones; y la solicitud del reintegro de más de 17 millones de quetzales a 81 funcionarios.
Entre las solicitudes de devolución se encuentran 2 millones 216 mil quetzales que fueron pagados de más a los diputados en concepto de Bono 14.
La CGC busca que el subdirector de Recursos Humanos, Edgar Ramírez, y el subdirector general del Organismo Legislativo, Emilio Dávila, reembolsen este monto.
