Diferentes agrupaciones que aseguran haber participado en el Conflicto Armado Interno (1960-1966) reclaman al Estado una compensación. Se le ha planteado a diferentes gobernantes de turno; sin embargo, Alejandro Giammattei prometió pagarles, aunque hay diversas posturas al respecto.
OTRAS NOTICIAS: Veteranos militares bloquean 11 rutas en Guatemala
Durante la temporada de la campaña electoral Alejandro Giammattei visitó a los integrantes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) en sus instalaciones en 2019 donde se comprometió a materializar el pago en mención. “Giammattei vino a Avemilgua y prometió pagar, no sé porqué no ha querido ayudar”, puntualiza el general retirado José Luis Quilo Ayuso, presidente de dicha entidad.
En el video quedó plasmado el momento en que uno de los integrantes de Avemilgua le dice a Giammattei: "Usted viene a hablar de compromisos, sabe nuestro objetivo, ese pago que tanto necesitamos... Nosotros nos comprometimos con usted, pero queremos que también usted cumpla".
Giammattei, siendo candidato presidencial, les respondió: "Yo no quiero ser recordado como un hijo de p... a más en la historia de este país. Yo soy un hombre que cumple, que cuando se compromete sabe que tiene que cumplir.
No obstante, los exsoldados no han recibido nada y otras agrupaciones que dicen ser exmilitares han realizado una serie de manifestaciones bloqueando el tránsito vehicular desde que inició la administración Giammattei.
El general retirado Quilo Ayuso indica que su asociación está ajena a las manifestaciones y en cambio, han optado por la vía del diálogo con los congresistas.
Hace dos años fue presentada la iniciativa de ley 5604 con el apoyo del exlegislador Estuardo Galdámez de la bancada FCN Nación, hoy privado de libertad por ser vinculado al caso "Asalto al Ministerio de Salud”.
Meses después también apareció otra iniciativa, la 5664 propuesta por Felipe Alejos Lorenzana y Ana Victoria Hernández Pérez, ambos del partido TODOS. Alejos está señalado por actos contra la ley y forma parte de la Lista Engel y de la Ley Magnitsky de Estados Unidos las cuales investigan a extranjeros involucrados en actos de corrupción.
Las dos iniciativas piden un pago, la primera no define un monto pues lo deja criterio de la capacidad financiera del Estado. La segunda sí exige un pago de Q120,000.00 a cada exsoldado.
Sin embargo el impacto que esto puede significar en las finanzas del Estado, la legalidad o no de ese pago y la perspectiva desde los derechos humanos, presenta diferentes posturas.
Exsoldados dicen haber sido forzados
De acuerdo con el general retirado Quilo Ayuso, existieron algunos ciudadanos que fueron forzados a combatir. Él mismo asegura haber sido obligado. “Yo estaba bien en mi casa y me agarraron para ir a pelear, me balearon, perdí un ojo”, narra.
Además refiere que promedio él como otros tuvieron que prestar servicio por 30 meses promedio (dos años y medio). Reconoce que otros brindaron sus servicios de forma voluntaria.
No se sabe de dónde saldrán los fondos para pagarles
El abogado Fernando Linares Beltranena es asesor de la Comisión de la Defensa del Congreso y explica que para que cualquiera de las iniciativas puedan ser aprobadas se necesita tener certeza del origen de los fondos para efectuar los pagos.
A su juicio se tendría que recurrir a la austeridad y reducir algunos programas que podrían ser superfluos para direccionar el financiamiento.
Para la diputada por el partido Winaq, Sonia Marina Gutiérrez, causa duda de dónde saldrían los recursos en caso la iniciativa sea aprobada. “La capacidad financiera del Estado está ahorita cuestionada al máximo por la pandemia”, explica.
Controversia por derechos humanos
La congresista Gutiérrez considera que es controversial que se lleve a cabo un pago a los exmilitares considerando que algunos están señalados por violaciones a los derechos humanos efectuados durante el Conflicto Armado Interno, por lo que ve necesario darle un análisis de fondo a las iniciativas, pues considera que esto es resultado e propuestas clientelas, ofrecimientos de algunos políticos y de partidos durante época de campaña electoral.
Por su parte, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG–, Nery Rodenas, el caso debe ser revisado dado que el conflicto armado provocó daños a la sociedad civil y desde su punto de vista no se debería realizar un pago de ese tipo.
La Constitución de la República, en el artículo 155, dice que “ni los guatemaltecos ni extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles”. Ante ello, Linares Beltranena dice que la iniciativa tiene que ser modificada para que sea en calidad de “bono por servicios prestados”.
No se sabe cuántos exsoldados son
Tanto Gutiérrez como Linares Beltranena refieren que no se sabe a cabalidad cuántos hombres participaron en el conflicto armado interno como personal de tropa. Linares Beltranena ve necesario que se revisen las hojas de Servicio Militar y auditarlas para corroborar su veracidad en conjunto con el Ministerio de la Defensa.
Sin embargo, el mismo General retirado Quilo Ayuso refiere que como algunos fueron forzados no hay más prueba que las mismas secuelas físicas que les quedaron. Soy502 consultó Ministerio de la Defensa al respecto pero indicaron no poseer información. Al contactar a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no respondió a las preguntas.
Quilo Ayuso refiere que en su asociación hay 400,000 miembros retirados, pero que existen otras 6 organizaciones y desconoce cuántos son. Mientras tanto, varios de estos grupos han realizado diversas protestas bloqueando calles y carreteras exigiendo una respuesta de Giammattei.