El expresidente Otto Pérez Molina busca una reducción de condena, al acogerse a la figura de aceptación de cargos en un caso de corrupción.
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César Calderón, abogado de Otto Pérez Molina, confirmó que el exmandatario aceptará su responsabilidad en tres delitos, en busca de ser favorecido con una reducción de sentencia en el caso Cooptación del Estado.
La audiencia en la que se acogería a esta figura legal está programada para el miércoles 6 de septiembre, en el Juzgado B de Mayor Riesgo, cuya titular otorgó la medida solicitada por la defensa del exgobernante.
De esta cuenta, Pérez Molina se declararía culpable de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero, según confirmó su abogado.
"Esta es una forma que la ley establece para resolver una persecución penal; entonces, si la ley lo permite y es favorable, pues, tiene que hacerse", expresó el profesional, al ser consultado sobre la razón que llevó al expresidente a admitir su responsabilidad en los citados hechos.
Acerca del beneficio que le representaría, en el artículo 491 Sexies del Código Procesal Penal se indica que al aceptar los cargos planeados por el Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración o antes de la apertura de juicio, como es el caso de Otto Pérez, se puede optar una disminución del 50 % de las penas correspondientes.
El caso
Según la investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG), funcionarios públicos integraron una maquinaria de lavado de activos para captar fondos para la campaña electoral del Partido Patriota en 2011.
La actividad ilícita de estas redes político-económicas se habría gestado y desarrollado durante el gobierno de Otto Pérez Molina. El caso se derivó de la investigación de La Línea y se le denominó Cooptación del Estado.
Cabe resaltar que si acepta los cargos, este sería el segundo caso de corrupción por el cual se condena a Pérez Molina, pues en diciembre de 2022 fue sentenciado por su participación en La Línea.
Al exgobernante se le impuso una pena de 16 años de cárcel por el caso de defraudación aduanera y se le impuso una multa de 8 millones de quetzales.
