Dos diputados consideran que hubo irregularidades en la aprobación de la ampliación presupuestaria y buscan que no cobre vigencia.
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La ampliación presupuestaria solicitada por el gobierno de Bernardo Arévalo para este año sigue enfrentando tropiezos. Aunque el pasado 27 de agosto se aprobó un incremento por Q14,151.77 millones, el Ejecutivo aún no recibe el decreto correspondiente.
Durante la reunión de jefes de bloque del Congreso, este lunes 2 de septiembre, se conoció que dos legisladores presentaron objeciones a esa normativa, por lo cual no puede continuar el proceso para que cobre vida legal.
Lo que corresponde es que el pleno de diputados conozca los reparos y vote al respecto. Si los acepta, el incremento al techo de gastos podría quedar sin efecto.
Este procedimiento se llevará a cabo en la sesión plenaria que se programó para este martes 3 de septiembre.
¿Quiénes accionaron?
Según se dio a conocer, la primera en plantear objeciones fue Nadia de León, hija de la excandidata presidencial Sandra Torres y única integrante de la bancada Nosotros.
La parlamentaria alega que la ampliación presupuestaria que se avaló mediante el Decreto 17-2024 carece de fundamentos técnicos, por lo cual, a su criterio, con la aprobación se violó un precepto constitucional.
Asimismo, hizo ver que se habría incurrido en fraude de ley, puesto que los diputados independientes (antes del Movimiento Semilla), solo habrían requerido el visto bueno del Ministerio de Finanzas para su propuesta de aumento al Presupuesto General de la Nación, sin tomar en cuenta a otras entidades del Ejecutivo.
Quien también se opone a que el incremento cobre vigencia es Mynor Mejía Popol, del bloque Vamos, y argumenta desde supuestas anomalías en la sesión plenaria hasta violaciones constitucionales por los aportes que se brindaría para los jubilados del Estado y consejos de desarrollo.
Niega ilegalidades
El mismo día en que se aprobó la citada ampliación presupuestaria, Nery Ramos, presidente del Congreso, negó que se haya cometido ilegalidades en el procedimiento.
Las dudas surgieron debido a que, días antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional y dejó sin efecto un primer incremento, por casi Q14,500 millones que había avalado el Legislativo el 14 de agosto.
A decir de Ramos, debido a que el decreto en mención no cobró vida jurídica, por no haber sido sancionado por el presidente Bernardo Arévalo, tampoco había impedimento para aprobar la nueva normativa.
"Fue aprobado en el Congreso y no había sido enviado, incluso, al Ejecutivo para su sanción, publicación y entrada en vigencia. Así que en este momento no es ley para las partes", expresó en aquel momento.
