Imagina que capturen a funcionarios y no sepas por qué. Imagina que los dejen libres, pero los medios de comunicación tengan prohibido conocer los motivos. Esos son apenas dos de todos los cambios a una normativa que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impulsa para que luego sean aprobados por los diputados.
Esta vez no nació en el Congreso, se germinó dentro del Palacio de Justicia. Se trata de un proyecto de reforma al Código Procesal Penal. “Un proyecto que no tiene una mala intención”, dice su artífice Ranulfo Rafael Rojas Cetina, uno de los doce magistrados de la CSJ, la cual es una de las cinco entidades que pueden presentar iniciativas de ley. ¿Una propuesta de esta magnitud en plena contienda por el Ministerio Público (MP)?
Cambio I: se prohíbe informar
El Código Procesal Penal actual establece que una persona implicada en un caso debe ser tratada como inocente durante todas las fases del proceso judicial. Por esa razón se usan palabras como “presunto” o “supuesto”.
Pero ahora estos cambios buscan que el Fiscal General no pueda realizar conferencias de prensa sobre las investigaciones ni que los medios de comunicación conozcan la identidad del detenido hasta que no se encuentre ligado a proceso penal.
Eso significa que durante la audiencia de primera declaración de una persona común o de funcionarios sindicados en casos de corrupción, los periodistas no conocerán los señalamientos de la fiscalía, tampoco la postura de la defensa y menos los argumentos del juez que decidirá si los deja libres o los liga a proceso penal. Así lo explica un experto jurídico que analizó el proyecto desde que fue propuesto por la Cámara Penal de la CSJ.
“El sindicado no podrá ser presentado, revelarse su identidad a los medios de comunicación, ni darse declaraciones públicas sobre los resultados de las investigaciones mientras no se encuentre ligado a proceso penal”, esas son las líneas que se pretenden añadir al artículo 14 de este código.
Rojas Cetina no responde si está de acuerdo o no en que esos cambios causarían opacidad o falta de transparencia en los proceso judiciales. “Fue una idea que surgió en la discusión para crear el proyecto”, contesta el magistrado.
Cambio II: libertad para los evasores de impuestos y para La Línea
Cuando un sindicado no representa peligro de fuga o no tenga poder o influencia para interferir en las investigaciones, o intimidar a testigos, los jueces no deben ordenar prisión preventiva en su contra. Sin embargo, hay excepciones en delitos relacionados al narcotráfico o el asesinato.
Sobre los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, esta normativa en el artículo 263 establece como regla que no se “podrá conceder ninguna de las medidas sustitutivas” que existen. Pero sí permite que se otorgue una fianza si no existen los peligros de fuga y de obstaculizar el caso.
Con esta posible reforma, esta parte del artículo cambia radicalmente, la regla sería otorgarles medidas sustitutivas y no prisión preventiva, según el jurista. “En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, se impondrá la medida de prestación de caución económica en proporción al monto defraudado y cualquier otra medida que se considere razonable conforme las circunstancias del hecho y de las personales del procesado”, se estipula en el proyecto.
De esos delitos están acusados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el caso La Línea. Son también los delitos que Juan Francisco Solórzano Foppa persiguió mientras estaba al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y buscó que los evasores de impuestos fueran juzgados. “¿Ellos son los destinatarios de esta modificación?”, pregunta el experto jurídico.
Cambio III: ¿ayudar a Blanca Stalling?
Otro artículo que cambiaría drásticamente sería el 17 de esa normativa. Este se refiera a que una persona no puede enfrentar un proceso penal por un mismo hecho. No obstante, establece que ese hecho al mismo tiempo sí puede ser juzgado en un procedimiento distinto, como el administrativo.
Con esta posible modificación se establece: “A menos que su tramitación pueda realizarse simultáneamente, toda autoridad administrativa suspenderá cualquier procedimiento disciplinario o sancionador desde el momento en que existen motivos racionales de que el hecho sometido a su competencia constituye delito o falta penal. Y lo pondrá de conocimiento inmediato del MP o del juez de paz competente, según corresponda”.
El cambio le daría una oportunidad a Blanca Stalling que enfrenta un caso judicial, quien a la vez fue separada de su cargo y dejó de percibir su salario como medida administrativa. Esto, según uno de los integrantes de la mesa técnica que analizó el proyecto, permitiría que las sanciones administrativas impuestas contra Stalling sean revocadas y ella pueda continuar recibiendo su sueldo de magistrada. Además, blindaría a los mismos magistrados de la CSJ y otros funcionarios si ocurriera una situtación similar contra ellos.
Rojas Cetina asegura que la propuesta no fue hecha para beneficiar a ninguna persona en particular, solo pretende agilizar los casos judiciales, dice. En tanto, para Rootman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, este cambio no se justifica, pues considera que el proceso penal y un proceso administrativo podrían realizarse de manera independiente.
El otro jurista que estudió este proyecto asegura que esta modificación podría repercutir en distintas instituciones como la Contraloría General de Cuentas, la SAT y el Ministerio de Ambiente, que emiten sanciones administrativas contra funcionarios y ciudadanos, ya que tendrían que abstenerse de hacerlo si el hecho se convierte en un caso penal.
Cambio IV: más oportunidades para salir de prisión
La prisión preventiva que se dicta contra un sindicado puede ser revocada, según el Código Procesal Penal. Esa medida puede ser revertida a solicitud del acusado y el juez es el responsable de determinar si es pertinente que abandone la cárcel.
Con esta propuesta, el artículo 276, que se refiere a estas medidas, sufriría un cambio drástico, pues los jueces “revisarán obligatoriamente la prisión preventiva o la internación cada treinta días, contados desde el momento de su imposición”. Eso significa que cada mes Pérez Molina, Baldetti, Stalling, Juan de Dios Rodríguez, Mauricio López Bonilla y los demás acusados de corrupción tendrían una oportunidad para dejar la cárcel.
Para Rootman Pérez y el otro jurista, esto aumentaría la carga de los juzgados, pues esa nueva disposición abarca a todos los casos judiciales en los cuales el sindicado esté en prisión preventiva.
Cambio V: ¿allanar embajadas y la CICIG?
En el artículo 193 del actual Código Procesal Penal se hace referencia a los lugares en los que se pueden realizar allanamientos sin necesidad de una orden judicial y únicamente con el permiso de la autoridad que esté a cargo del inmueble. La normativa hace referencia a lugares religiosos, militares, edificios públicos, pero en ninguna parte menciona las sedes diplomáticas como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Pero la propuesta deja entrever que podría afectar este tipo de instituciones. “Cuando se invoque secreto militar, diplomático o información bajo garantía de confidencia o reserva, se procederá a incautar y embalar la documentación, la que se examinará de conformidad con el artículo 244 de este Código, que establece la presencia de un juez".
Para el otro jurista esto atentaría contra el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, el cual especifica que un país firmante de ese acuerdo “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
Los entretelones
Fue el 25 de octubre del año pasado cuando se hizo oficial la intención de modificar el Código Procesal Penal. En el acta del pleno de ese día quedó registrada la solicitud de Rojas Cetina para reformar esa normativa.
La propuesta constituye el Proyecto de Elaboración de Políticas para la Cámara Penal y fue aprobada ese día; con ello se ordenó “brindar el apoyo necesario a todas las dependencias del Organismo Judicial para hacer efectivo dicho proyecto”, según el acta de esa fecha.
“Ese es un borrador de proyecto que todavía está sujeto a discusión, serían cuestiones que no podrían ir en la propuesta final”, responde Rojas Cetina cuando se le pregunta sobre los artículos que serían modificados.
En la primera semana de diciembre del año pasado se convocó la presencia del MP, la CICIG, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia para conocer la propuesta de la Cámara Penal y someterla a discusión en una mesa técnica.
Los encargados de presentarla fueron los magistrados Rojas Cetina, Josué Baquiax y Nester Vásquez Pimentel, de acuerdo con dos personas que participaron en esta primera reunión.
Los representantes de las instituciones invitadas a la mesa técnica esperaban conocer al principio únicamente la posibles reformas para cinco artículos de este código, luego se les informó que eran 40. Sin embargo, en el momento en que se les entregó el documento hubo una sorpresa: eran 100 modificaciones.
“Sí, en el inicio se buscaban reformar pocos artículos, pero después de una análisis nos percatamos de que había otros que estaban vinculados con estos, por lo que era necesario conocerlos”, dice Rojas Cetina sobre el aumento de artículos que serían reformados.
El tiempo limitado que se estableció para analizar el proyecto fue otra de las críticas que hicieron las personas que conocieron el proyecto, pues se esperaba que la propuesta final estuviese lista para febrero. “Yo trabajo con plazos, esto responde al cronograma establecido, a nada más”, afirma Rojas Cetina.
Durante estos días el MP, la CICIG, el IDPP y el Inacif deberán trasladar un memorial con sus conclusiones de esta propuesta. Sin embargo, sus observaciones podrían ser excluidas si así lo decide la Cámara Penal.
¿Candidato a Fiscal General?
“No es algo que he decidido”, contesta Rojas Cetina luego de preguntarle si buscará ocupar el puesto de Fiscal General en esta contienda. Niega además que exista premura para avanzar con la propuesta y asegura que no está relacionada con la batalla por controlar el MP.
“Pues honestamente no me había percatado de esa perspectiva, lo que se pretende es analizar, no otra cuestión”, dice cuando se le pregunta que este proyecto concuerda con el discurso del mandatario Jimmy Morales y el de los otros grupos que se oponen al trabajo del MP y la CICIG.
Sobre las similitudes entre esta nueva propuesta y la que aprobaron los diputados el año pasado, denominada Pacto de Corruptos, afirma que no tiene una respuesta. La reforma que aprobó el Congreso y que luego fue derogada prohibía que las personas sindicadas de delitos con una condena de diez años de prisión fueran recluidas.
“El contenido final será discutido en el pleno de la CSJ”, asegura Rojas Cetina, pero no menciona que desde hace unos meses ha votado en alianza con el grupo mayoritario de esa corte, al cual está ligada Blanca Stalling, por lo tanto conseguiría los votos necesarios para llevar el proyecto hasta el Congreso de la República. “No pretendo ganar ningún protagonismo”, concluye el magistrado.
“Esta propuesta promueve impunidad, hace que el proceso penal sea opaco, poco transparente y engorroso; es una reforma que significaría un retroceso y un debilitamiento al sistema de justicia”, sentencia Rootman Pérez.
