Un nuevo caso de corrupción fue revelado este miércoles en el que están involucrados desde auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) hasta funcionarios de una municipalidad.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron un nuevo caso en la Municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz, en la que se sospecha de un desfalco de 33 millones de quetzales.
Los auditores
La investigación del MP estableció que Francisco Pop Pop, exalcalde de ese municipio, era el líder de una estructura que sustrajo fondos de la comuna por medio de empresas fantasma. El supuesto robo lo hizo con la ayuda de trabajadores de la Contraloría General de Cuentas, que recibieron sobornos para no reportar las anomalías.
Pop no pudo ser capturado, pero sí su esposa, Modesta Caal, y su hija Flory Judith Pop Caal, quienes habrían recibido dinero de la comuna por medio de contratistas ficticios.
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De acuerdo con el MP y la CICIG, la municipalidad erogó 33 millones de quetzales a empresas que, a cambio de recibir supuestos contratos, pagaron comisiones ilegales y en otras compañías que realmente no existían.
El desfalco ocurrió entre 2009 y 2013, cuando Pop fue alcalde. A estas irregularidades se le "suma la adjudicación fraudulenta de préstamos al municipio" y que luego fueron ocultos con la ayuda también de funcionarios de la Contraloría.
Usurparon datos
La estructura criminal usó empresas fantasma para obtener los fondos municipales. Para ello, según la investigación, la estructura "usurpó datos personales de algunos ciudadanos, la mayoría, de escasos recursos y con bajo nivel académico" para crear estas empresas de cartón.
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Entre los medios de prueba figuran 49 informes financieros, varias auditorías y 31 entrevistas, entre otros, de acuerdo con el MP y la CICIG.
Uno de los testigos del caso relató incluso una reunión que sostuvo el entonces alcalde con los trabajadores de la Contraloría para negociar el ocultamiento de los verdaderos resultados de las auditorías.
"A finales del mes de agosto de 2010 se reunieron en un restaurante de la zona 10 de la capital, el alcalde Francisco Pop Pop, el supervisor Ismael Valter Aldi Bermudes, Juan Pablo Hernández, Ernesto Otoniel Alfaro Hernández y Jorge Macz Ramos -los últimos tres son trabajadores de la Contraloría-", informó el MP y la CICIG.
La investigación estableció un total de 24 personas involucradas en este caso.
