Autoridades indígenas se sumaron a la petición de partidos políticos sobre la ampliación del proceso electoral.
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Mediante un memorial, 15 organizaciones solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) modificar el plazo establecido para el próximo 31 de octubre y que el proceso electoral se prolongue por el tiempo que considere pertinente.
Autoridades indígenas se sumaron así al requerimiento hecho hace una semana por varios partidos políticos, quienes hicieron ver la necesidad de adoptar esta medida para proteger el resultado de las votaciones realizadas el 25 de junio y 20 de agosto.
Alcaldes y otros representantes de las mencionadas entidades coincidieron con la postura de los partidos y resaltaron que al alargar el proceso electoral se busca proteger y consolidar el régimen democrático del país.
Según indicaron, resolvieron hacer esta petición debido a las acciones que ha puesto en marcha el Ministerio Público, como el secuestro de actas electorales, lo cual también "obligó a salir a las calles y manifestar".
El TSE confirmó la recepción del documento e informó, por medio de las redes sociales, que las autoridades indígenas les externaron su respaldo.
Entre las instancias que firmaron el memorial figuran Los 48 Cantones de Totonicapán, Municipalidad Indígena de Sololá, Parlamento Xinka, Consejo de Autoridades Ancestrales de Los Copones, entre otras.
Las primeras solicitudes
El pasado 5 de octubre, durante una reunión entre magistrados del TSE y fiscales nacionales de los partidos políticos, se hizo uno de los primeros requerimientos para que se alargue el proceso electoral.
La propuesta surgió de la agrupación Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), el cual hizo ver la necesidad de blindar las elecciones, ante las medidas adoptadas por el MP, institución a la que señaló de "sobrepasar sus funciones".
Su sugerencia fue que el cierre se establezca para el 14 de enero de 2024, cuando asuman el presidente, la vicepresidenta y los diputados electos.
El partido fue respaldado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Unionista, aunque el primero pidió que la finalización se fijara para el 31 de enero y el segundo planteó que fuera el 15 de ese mes.
Para aquel entonces, la presidenta del Tribunal, Irma Palencia, indicó que ya se habían recibido otras solicitudes al respecto. Asimismo, informó que el tema no se había discutido en el pleno y se destinaría una sesión específica para ese efecto.
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