MP: "Manifestaciones obstruyen acceso a Gerona"

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El MP argumentó que las manifestaciones limitan su trabajo al obstruir el ingreso a sus instalaciones

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El Ministerio Público (MP) justifica necesario que se acate la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) porque las manifestaciones en el barrio Gerona (donde se encuentra la sede del ente investigador) le impide el acceso a los trabajadores del MP y se está atentando contra víctimas de delito obstruyendo las investigaciones.

Mediante un comunicado el MP asegura que el amparo otorgado, se ordena al presidente de la República, Alejandro Giammattei, al Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Adriano, dar efectivo cumplimiento a lo resuelto, a efecto de preservar el orden público y la coexistencia de otros derechos que asisten a la población y que en caso de incumplimiento se certifique lo contundente conforme lo establece la ley.

El MP explica que la CC le exhortó a que proceda diligentemente apegado al proceso penal y cumplir los plazos establecidos en la ley a fin de concluir a la brevedad su investigación y realizar las diligencias judiciales necesarias que la situación amerite.

De esa cuenta, el ente investigador esgrime que las autoridades responsables de la seguridad nacional deben cumplir lo ordenado por la CC para garantizar el acceso a la justicia, porque asegura que desde el 2 de octubre "un grupo de personas quienes debiendo manifestarse a través de las vías legales correspondientes, han vedado el acceso al Edificio Gerona con medidas que atentan contra los derechos de las víctimas del delito, obstruyendo las investigaciones con notorio interés en que no se pueda avanzas en las mismas y no se conozca la verdad".

La resolución de la CC

La noche del miércoles 11 de octubre la CC emitió un nuevo comunicado, en donde informó que conoció el expediente relacionado a la solicitud de asistencia para la debida ejecución, el cual fue presentado por el MP, según detallaron.

En el documento se indica que al analizar lo denunciado y teniendo en consideración los bloqueos y acontecimientos en todo el país, "que han puesto en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como los actos ocurridos en varios lugares de Guatemala", declararon "con lugar la solicitud planteada".

Según indicaron, no todas las manifestaciones han cumplido con el artículo 33 constitucional y con los estándares internacionales, "pues en abuso de los derechos de reunión y manifestación, se ha impedido a la población el ejercicio, entre otros, de los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad (...)", se lee en el comunicado.

Por ello, sin perjuicio de las directrices señaladas en ese fallo se les ordenó: "Asumir de forma inmediata y oportuna las acciones y medidas pertinentes para restituir a los guatemaltecos en el goce de la libre locomoción, el acceso a la salud y vida, seguridad, al ejercicio del trabajo, el comercio y la industria, así como garantizar los servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica (...), se señala en el mencionado documento.

También que se coordinen e implementen "acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos ejerciten con seguridad su derecho de manifestación siempre y cuando sea pacífica, pero también que se permita a los ciudadanos guatemaltecos realizar sus actividades diarias sin que resulten afectados por el por el ejercicio del derecho de manifestación o abuso del mismo", puntualizaron.

La CC indicó que se realice toda acción necesaria para garantizar la seguridad de todos los habitantes el país y que se tome en consideración que todo abuso del derecho de manifestación "no resulta acorde con los fines que para el reconocimiento de ese derecho previo la Constitución", señalaron.

Uso de la fuerza pública

En el documento se detalla utilizar la fuerza pública como última medida y solo cuando sea necesario y en caso como que la manifestación no sea pacífica o haya indicios claros de amenaza inminente de violencia grave. "Pudiendo, para mantener el orden y la seguridad, dispersar la reunión cuando esta cause gran perturbación, como el bloqueo del tráfico", afirmaron.

Según la resolución deben: "Usar armas menos letales y siempre proporcionales al riesgo de la situación, previamente deben realizarse todos los esfuerzos razonables para limitar riesgos de seguridad de la persona", indicaron. Además, que de ser necesario, podrá requerirse la cooperación del Ejército de Guatemala.