Luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (CGAC) anunciara que cancelaba un convenio de cooperación entre el Ministerio Público (MP) y esa entidad, la fiscal General, Consuelo Porras, anunció que accionará porque considera que están obstruyendo la justicia.
"Lamento la decisión apresurada y unilateral de la DGAC en cuanto a dar por terminado el convenio de cooperación interinstitucional entre el MP y el Ministerio de Comunicaciones", refiere un comunicado del MP.
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A través del convenio, el MP ubicó una Agencia Especial para la persecución penal de delitos cometidos en la terminal aérea.
A criterio de la Fiscal General, la decisión de la DGAC es "un retroceso de los esfuerzos interinstitucionales emprendidos para la persecución penal estratégica de delitos relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas y de armas, de defraudación y contrabando aduanero", entre otros.
Por tal motivo, el MP anunció que interpondrá acciones legales con el fin de "evitar el menoscabo y obstaculización de la justicia".
El problema inició luego de que el director de la DGAC, Francis Argueta, en conferencia de prensa, aseguró que el MP había violado la seguridad aeroportuaria cuando buscaba detener a dos trabajadores de migración que tenían retenido a un investigador de la CICIG.
Según Argueta, el MP ingresó "a la fuerza" por una puerta que no correspondía y sin respetar las medidas de seguridad. Y, aunque habló de ilegalidades, no presentó ninguna denuncia penal contra los fiscales del ente investigador.
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