Se cumple un año desde la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, en Iguala (México) y continúan las interrogantes acerca de lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre de 2014.
A principios de septiembre, el Grupo Interdisciplonario de Expertos Independientes (GEIE) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la que hasta ahora se había denominado como "verdad histórica".
Esa teoría denunció graves irregularidades en la investigación y señaló el traslado de droga oculta en uno de los autobuses tomados por los jóvenes como posible móvil del crimen.
La teoría desacreditada
La Procuraduría General de la República concluyó en enero que los estudiantes fueron atacados por policías corruptos asociados al cartel de Guerreros Unidos e incinerados en un basurero de Cocula y arrojados al río San Juan.
Presuntamente los sicarios habrían atacado a los estudiantes de magisterio por sospechar que eran miembros de un cártel rival. "Si los cuerpos de los 43 se hubiesen incinerado se hubiera causado un incendio forestal de la cantidad de fuego que se necesita", aseguraron agentes de la GIEI.
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Sin embargo, la Universidad de Innsbruck (Austria) identificaron a dos de los cuerpos en los restos encontrados: uno en el basurero y otro en el río.
Sin perder la esperanza
Los padres de las víctimas continúan en la lucha del esclarecimiento del suceso. En su exigencia de justicia, han mantenido reuniones con altos funcionarios incluyendo el presidente Peña Nieto. En una de esas reuniones consiguieron que "la verdad histórica" fuera considerada hipótesis de nuevo.
En total el caso tiene 111 detenidos y 20 prófugos que están bajo proceso. De los detenidos 52 son policías de Igual, 19 agentes de Cocula y 39 miembros de la organización de Guerreros Unidos.
Entre ellos también aparece el alcalde de Iguala en aquel momento, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda.
* Con información de CNN y EFE