Por el caso Libramiento de Chimaltenango, dos implicados admitieron haber cometido ilegalidades.
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Jorge Alfredo Tejada Argueta, representante legal de Constructora Nacional, S.A. (CONASA), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador y representante de Nova Ingenieros, S.A., vinculados en el caso Libramiento de Chimaltenango, aceptaron la culpa ante la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez.
Los dos constructores reconocieron que cometieron ilegalidades para defraudar al Estado en la construcción del Libramiento de Chimaltenango, obra que fue ejecutada durante el gobierno de Jimmy Morales.
Luego de su declaración y de admitir la culpa, la jueza decidió condenar a Tejada y Figueroa a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de fraude.
El caso
El 30 de julio de 2014 se contrató la primera empresa, Conasa (Constructora Nacional), y el 16 de enero de 2019, a la segunda empresa, Renova, que es una extensión de la primera.
El primer contrato establecía que la obra debía realizarse en dos años (720 días), algo que no se cumplió. De acuerdo al Ministerio Público (MP), el Ministerio de Comunicaciones permitió la modificación del contrato en más de 17 oportunidades, lo que se considera una ilegalidad.
Debido a que sobrepasó las variaciones en el contrato que se podían hacer, Conasa no podía seguir recibiendo recursos del Estado y se generó la necesidad de hacer una nueva licitación pública para la contratación de una empresa diferente.
Como la Constructora Nacional tenía impedimento de participar, dado que sus representantes están involucrados en procesos penales, se constituyó una segunda sociedad anónima, llamada Renova Ingenieros. Esta participaría en los eventos de contrataciones estatales.
El fraude de Renova
El MP informó que Renova fue creada en marzo de 2017 y no estaba destinada para la construcción de carreteras. Pero en octubre del mismo año se realizó la modificación de la escritura social, y se agregó que su actividad principal era la construcción de carreteras.
Ya en 2018, y de acuerdo con la investigación, las bases de licitación "fueron adecuadas artificiosamente, para propiciar y facilitar la participación de Renova". La Dirección General de Caminos fue quien creó las bases.
La junta de licitación que se integró fue propuesta por el entonces director de Caminos, Juan José Hanser Pérez. Y el exministro, José Luis Benito Ruiz, oficializó los nombramientos.
Una de las personas participantes en la junta licitadora es Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, quien ya había emitido opinión favorable para Renova. La fiscalía dice que Gordillo sabía que la sociedad no contaba con el capacidad económica para participar en el evento.
Una de las principales irregularidades es que Renova no se encontraba inscrita en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, ya que no obtuvo el dictamen favorable.
Renova presentó ante la junta de licitación una constancia de inscripción en Precalificados, la cual resultó ser falsa. En ella indicaba tener capacidad económica de hasta Q302.5 millones. Pero, el documento que presentó Renova correspondía a otra sociedad.
La junta de licitación adjudicó la obra a sabiendas que no cumplía con los requisitos.
Pero el contrato aún se podía detener. La firma final que avaló la adjudicación fue la de José Luis Benito, en su calidad de ministro en ese momento.
El contrato para terminar la obra pública se suscribió el 16 de enero de 2019, con Renova.
