La iniciativa de ley de aceptación de cargos ha incomodado a diputados en discusiones de las últimas semanas.
Varios legisladores consideran que la propuesta 5311 presentada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pretende fomentar a los delatores. El procedimiento, según la CSJ, ayudará a descongestionar y abreviar procesos como en el sistema de justicia estadounidense.
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Algunos legisladores comparan esta iniciativa de ley con el criticado decreto 15-2017 que permitía que quienes debían cumplir condenas menores a 10 años evitaran la prisión a cambio de un pago al Organismo Judicial, lo que beneficiaba a narcotraficantes, mareros y corruptos.
La "ley de los sapos", como la llaman varios diputados, modificaría el Código Procesal Penal para que los delincuentes confiesen sus delitos para rebajar sus sentencias.
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Quienes lo hagan en la audiencia de primera declaración obtendrían una rebaja correspondiente a la tercera parte de la condena; si la confesión se hace antes de la audiencia de apertura a juicio, la reducción sería de una cuarta parte; y si se hace antes de la recepción de pruebas del juicio, en una quinta parte.
No podría optar quien cometa delitos reincidentes, tampoco los señalados por genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad.
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La iniciativa se propuso en las sesiones de la primera semana de octubre, pero varios de los legisladores que aprobaron las leyes proimpunidad la criticaron y lograron sacarla de agenda.
"Bienvenidos a la era de las colas machucadas", aseguró la diputada del Frente de Convergencia Nacional, Patricia Sandoval, luego de votar para retirar de la agenda la propuesta.
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"Esta ley incluye una conmuta y recientemente estuvieron criticando al Congreso por una ley acerca de esto", afirmó el jefe del bloque Alianza Ciudadana, Francisco Tambriz.
Varios legisladores que prefieren no ser identificados dicen que el principal temor es que se puedan abrir nuevos casos por posibles confesiones. La propuesta obliga a los beneficiados a ser testigos cuando el Ministerio Público (MP) lo solicite.
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Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, asegura que la propuesta ha sido discutida ampliamente y servirá para que el sistema de justicia se descongestione. "Los beneficios de esta ley los veríamos a mediano plazo, tiene que haber una amplia capacitación para los operadores de justicia para que se aplique de la mejor manera", enfatiza la activista.
En agosto de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala impulsaron una propuesta similar cuya rebaja máxima era del 50% de la condena. La iniciativa no fue bien recibida y ambas instituciones optaron por retirarla de la agenda del Congreso semanas después.
