Un diputado del bloque oficialista busca la aprobación de urgencia nacional de una ley que buscaría "regular" las protestas.
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"Es necesario contar con una ley que regule las manifestaciones pacíficas y sin armas en el país", dijo el diputado de la bancada Vamos, Juan Francisco Mérida, quien este jueves presentó una iniciativa de ley "antibloqueos", en el Congreso de la República.
Aunque prohibe los bloqueos, las consignas contra las autoridades o cualquier acción contra los símbolos patrios, el legislador indicó que no se trata de una propuesta que restrinja la libre expresión ni el derecho a manifestación.
Esto, pese a que el proyecto se centra en la modificación del Código Penal, para establecer penas de cárcel y multas, por hechos que no se contemplan en las leyes vigentes.
Según hizo ver, lo que se pretende es "establecer un marco claro, que proteja tanto a los manifestantes como a la sociedad en general".
"Tenemos la responsabilidad de garantizar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin poner en peligro la vida, la propiedad o la seguridad de los ciudadanos", reiteró Mérida.
En ese marco, anunció que se solicitará la aprobación de urgencia nacional de esta propuesta que, a su criterio, ayudará a "que el Ejecutivo cuente con las herramientas para cumplir con sus funciones".
¿Qué propone Juan Francisco Mérida?
La iniciativa propone reformar el Código Penal, de tal manera que se establezcan penas de uno a dos años de prisión y multa de entre Q500 y Q2,000 para quienes resultaren responsables de daños contra los bienes públicos y/o privados.
El castigo se incrementaría hasta a cuatro años de cárcel para quien "ultraje, menosprecie o vilipendie" la bandera o cualquier símbolo patrio.
Además, se establecen diversas prohibiciones durante las protestas que, de ser incumplidas, serían penadas, según se tipifique el delito en las leyes vigentes. Entre las restricciones que se enumeran en el proyecto figuran:
- Utilización de armas blancas, punzocortantes, de fuego, hechizas, contundentes o cualquier objeto inflamable
- Obstrucción total de las vías de tránsito
- Negación de entregar a las autoridades a los responsables de un hecho violento o que haya incurrido en alguna prohibición
- Instigación y provocación a las autoridades del orden público
- Lanzar cualquier tipo de objetos, así como el proferir insultos contra las fuerzas de seguridad
- Destrucción de bienes públicos y/o privados
- Utilización de menores de edad, mujeres o personas de la tercera edad como escudo para evitar acciones de las autoridades de seguridad
"Son prohibidas las manifestaciones violentas que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad", reza uno de los apartados del proyecto. También faculta a las fuerzas de seguridad a actuar en esos casos y aprehender a los responsables.
Por otra parte, indica que "las acciones u omisiones descritas con anterioridad serán perseguidas de oficio por las autoridades competentes", lo cual quedaría en manos del Ministerio Público (MP) por sus funciones.
La justificación
El legislador dijo que debido a las acciones adoptadas durante las protestas que comenzaron el 2 de octubre hubo pérdidas para distintas compañías por cerca de Q2,300 millones.
Asimismo, destacó que en una encuesta realizada por la Cámara de Industria de Guatemala, el 89% de empresas se dijo afectada. También hizo hincapié en que por cada hora que se paralizan las actividades económicas se pierden por lo menos Q130 millones.
Con esos argumentos, el parlamentario justificó la presentación de un proyecto de ley que, a su criterio, representa "un paso fundamental para la promoción de la paz, seguridad y protección de los derechos civiles".
