Tras acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Sala Primera de la Corte de Apelaciones resolvió dejar sin efecto la posibilidad de que la jueza Jisela Reinoso Trujillo cambie cinco años de la condena en su contra por el pago de 5 quetzales diarios, como lo dictó el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.
En octubre de 2016, el Tribunal, presidido por Saúl Álvarez, encontró culpable a la juzgadora de incrementar su patrimonio sin justificación. De esa cuenta, el órgano de justicia impuso una pena seis años de prisión inconmutables por lavado de dinero, una de cinco años conmutables por enriquecimiento ilícito y la absolvió de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Lo anterior, significa que de los once años impuestos, Reinoso Trujillo solo se vería obligada a estar en un centro carcelario seis años, porque en el caso de la pena correspondiente a enriquecimiento ilícito podría pagar 9 mil 125 quetzales para evitar el veto de su libertad.
Sin embargo, la Fiscalía defendió que la sindicada es meritoria de una pena inconmutable y culpable de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada, por lo que apeló ante la Sala Primera y tras un análisis del caso, los jueces que la integran le dieron la razón al ente investigador, fijando así la obligatoriedad de los 11 años de cárcel impuestos y sumando dos años más por el tercer delito.
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Así también, la resolución confirmó la multa de 439 mil 434 quetzales (389 mil 434 por lavado de dinero y 50 mil por enriquecimiento ilícito) que deberá pagar Reinoso Trujillo.
Cabe destacar que la decisión no es definitiva ya que la defensa de la jueza aún puede plantear una acción ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de revocar lo dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.
Según la investigación, Reinoso incrementó su patrimonio en 1.4 millones de quetzales entre 2012 y 2014 a través de depósitos a cuentas bancarias de entre Q12 mil y Q40 mil, provenientes de posibles sobornos.
Entre las adquisiciones que la juzgadora hizo figura una vivienda valorada en 2.4 millones de quetzales que fue pagada en un plazo de dos años. Para justificar el aumento de sus ingresos se aprovechó de su amiga Felicita Romero a quien le pidió que firmara recibos que simularan un préstamo monetario.
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