La falta de salas o espacios físicos, los problemas en conexión a internet para videoconferencias y la carencia de una programación unificada de las agendas jurisdiccionales, son las causas que provocan la inoperancia en tribunales.
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Son las dos de la madrugada cuando Esteban García es ingresado a las carceletas ubicadas en el sótano de la Torre de Tribunales. Horas antes estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el que otra persona resultó herida, por lo que fue consignado por la Policía Nacional Civil y puesto a disposición de un juez.
Mientras espera ser llamado, observa cómo ingresan otros detenidos. Algunos son señalados de narcomenudeo, otros enfrentan acusaciones por extorsión o asesinato. Para varios de ellos, no es la primera vez que cruzan las puertas de Tribunales.
Al amanecer, Esteban comparece ante un juez de turno. Escucha los hechos que se le atribuyen, designa un abogado y recupera su libertad bajo ciertas medidas impuestas por el juzgador. Cree que lo peor ya pasó. Pero, en realidad apenas comienza su recorrido por el sistema de justicia.
Durante los siguientes meses deberá regresar a la Torre de Tribunales para asistir a distintas diligencias: la audiencia de primera declaración, la etapa intermedia y, eventualmente, un juicio. Cada cita implica pedir permiso en el trabajo, reorganizar su agenda y asumir gastos de transporte y alimentación.
Sin embargo, cuando llega el día señalado, no siempre encuentra una respuesta. La audiencia puede ser suspendida porque no hubo sala disponible, porque falló una videoconferencia, porque una de las partes no compareció o porque una diligencia anterior se extendió más de lo previsto.
Entonces deberá volver otro día. Y después otro. Y quizás otro más. Lo que para muchos ciudadanos parece un simple trámite administrativo representa, en la práctica, semanas o incluso meses adicionales de espera. Una realidad que abogados y operadores de justicia consideran cada vez más frecuente en los tribunales del país.
¿Cómo es acudir a una audiencia?
Llegar a la Torre de Tribunales suele implicar madrugar. Abogados cargando expedientes, familiares de procesados esperando noticias, testigos que pidieron permiso en sus trabajos y víctimas que recorrieron kilómetros para comparecer ante un juez, forman parte de la rutina diaria en los pasillos judiciales.
Sin embargo, para muchos de ellos, el esfuerzo termina en una frase que se repite con frecuencia: "la audiencia fue suspendida".
Problemas de conexión en videoconferencias, falta de salas disponibles, atrasos acumulados en la agenda de los juzgados o inconvenientes con el traslado de reclusos son algunas de las razones que provocan la reprogramación de diligencias judiciales, una situación que impacta tanto a las partes involucradas como al avance de los procesos penales.
A las ocho de la mañana, la sala ya debería estar en funcionamiento. Los abogados revisan sus apuntes, los familiares ocupan las primeras filas y los custodios esperan la orden para presentar a los acusados. Minutos después llega el anuncio: la audiencia no podrá realizarse y será reprogramada.
La escena, lejos de ser excepcional, forma parte de una realidad recurrente en los tribunales de justicia del país, donde problemas logísticos, tecnológicos y administrativos terminan retrasando procesos que, en algunos casos, llevan meses o incluso años de espera.
A manera de ejemplos
Los recientes aplazamientos de la audiencia de etapa intermedia de cinco reos fugados de la cárcel de Fraijanes II y del juicio por el asesinato del exalcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcuc, son apenas dos ejemplos de una problemática que abogados y operadores de justicia consideran cada vez más frecuente en el sistema judicial guatemalteco.
El pasado 28 de mayo, el juez Cuarto Penal, Pedro Laínez, se vio obligado a suspender la audiencia de etapa intermedia de los cinco reos recapturados tras su fuga de la prisión de Fraijanes II. La diligencia no pudo realizarse debido a fallas en la conexión del sistema de videoconferencias.
A este caso se suma lo ocurrido el 18 de mayo, cuando el Tribunal Segundo de Sentencia Penal no pudo iniciar el juicio contra dos pandilleros acusados del asesinato del exalcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcuc.
La audiencia fue aplazada debido a que no fue posible establecer comunicación con los acusados, quienes guardan prisión en el centro carcelario Renovación I. El problema se originó porque el área destinada a videoconferencias fue destruida durante un motín registrado en enero pasado.
En el primer caso, la audiencia fue reprogramada para el próximo 24 de agosto. En el segundo, las autoridades judiciales aún no han fijado una nueva fecha para el inicio del debate oral y público.
Sin estadísticas oficiales
Al ser consultado si existen estadísticas con relación a las audiencias que han sido suspendidas en lo que va del año, el vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rudy Esquivel, asegura que, aunque en algunos casos podría tratarse de asuntos administrativos, al final éstos tienen que ver con acciones jurisdiccionales que, únicamente, son de interés de las partes.
Agregó que, por tratarse de asuntos relacionados con las agendas de cada una de las judicaturas, esta información tiene que solicitarse a través de la Unidad de Acceso a la Información.
La misma respuesta fue brindada por la administración de la Torre de Tribunales, donde se indicó que la información sobre suspensiones y programación de audiencias únicamente puede obtenerse mediante ese procedimiento.
Sin embargo, fuentes que prefirieron el anonimato, aseguraron que las salas de audiencias deben solicitarse, al menos, con un día de anticipación para celebrar las audiencias respectivas, según las agendas de cada judicatura.
Añaden que, la distribución de las respectivas salas se realiza según el número de procesados y la cantidad de personas que se prevé que presenciarán dichas audiencias.
Mala programación
Para el abogado Alejandro Arriaza, quien conoce casos considerados de alto impacto, las suspensiones de audiencias se dan por muchas circunstancias, pero muchas de estas tienen que ver con mala programación.
Explica que, el atraso generado en las dos primeras audiencias son las que marcan el desarrollo de las restantes, puesto que, a pesar de que éstas son fijadas entre media hora y una hora de tiempo, en la práctica llegan a tardar de una a dos horas, por lo que "una atrasa a otra", explica.
El abogado describió un caso en donde tiene dos años y medio en que no se realiza la etapa intermedia, porque no se presenta el Ministerio Público (MP) ni la otra parte y cuando se programa, tiene a traslaparse con otras.
Agrega que, existen casos en que las audiencias se suspenden porque no hay salas para realizarlas, y si las hay, son insuficientes para albergar a las partes procesales y a quien las presencia, ya que los espacios son cortos, como suele suceder en algunas judicaturas pluripersonales que, aunque tiene sus propias salas, "estas están pegadas al escritorio del juez y las partes en el proceso", apunta.
"Hay casos, en los juzgados pluripersonales que tienen sus propias salas en donde los escritorios están pegados a los del juez, los abogados y son más de 15 procesados, por lo que se tiene que pedir sala y se da que éstas están ocupadas", apunta.
Unificar agenda
El abogado Oscar Morales, aunque comparte lo expresado por Arriaza en que existen varias razones por las que una audiencia puede suspenderse, opina que una de las causas es la falta de una programación que unifique una sola agenda jurisdiccional para la realización de éstas.
Morales cree que lo que podría ayudar a solventar esta problemática es creación de una agenda electrónica que permita controlar en una base de datos todas las audiencias que son programadas por cada judicatura.
Añade que, aunque reconoce el esfuerzo que se ha efectuado para contrarrestar esta carencia, pide a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contemplar una mayor inversión en infraestructura que permita la planificación y construcción de nuevas salas de audiencias y desarrollar y tecnificar las agendas jurisdiccionales.
Tema recurrente
Francisco Quezada, consultor asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que, pese a carecer de estadísticas sobre suspensión de audiencias en tribunales, este tema es muy recurrente en el sistema de justicia.
Explicó que, cualquiera puede dar un motivo para el aplazamiento, el Ministerio Público (MP), el Sistema Penitenciario (SP) con el traslado de los detenidos y la defensa.
Aseguró que lo logístico debe ser algo estricto, sobre todo porque Guatemala optó por el sistema oral de justicia, dejando por un lado lo escrito, por lo que se debe apostar a que esto funcione.
Para finalizar, refirió que han existido sugerencias de audiencias que puedan evacuarse por escrito para descongestionar el tema de salas y en conclusión, se trata de un tema que se debe trabajar de una forma integral.
