Aunque esta semana toda la atención está centrada en los pasillos del Organismo Judicial, propongo ver hacia otro lado. Puede ser cualquier comunidad del “Corredor Seco”, esa franja del oriente del país que abarca partes de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa donde y cuya situación es tan desesperante hoy como en 2002.
Moisés Castillo, colega periodista, me compartía el año pasado fotografías que tomó en algunas aldeas de Jocotán y Camotán, cuando se cumplían 15 años de la hambruna que asoló la región. Las imágenes eran casi idénticas: niños con la mirada perdida. Madres, adolescentes apenas, con bebés en brazos, rodeadas de otros pequeños.
Una de las más dramáticas instantáneas captadas por el lente de Moisés reflejaba el contenido de una despensa en una de las casas que lo recibió en esos días. Apenas había una bolsa de sal. “No hay que olvidar” me decía el colega, “que ya pasaron 15 años. Es inconcebible que la situación de estas personas haya mejorado poco o nada cuando la atención de todos ha estado, supuestamente, centrada en ellas”.
La realidad se dice y se repite: casi la mitad de los niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica. El sistema ha sido incapaz de, siquiera, empezar a revertir esta realidad. Los diagnósticos abundan. Las estadísticas también. Las más recientes promesas gubernamentales han ido en la línea de “reducir en un 10 por ciento la problemática en cuatro años” sin que siquiera se haya alcanzado la tercera parte de esa oferta.
En este país cumplir cinco años sigue siendo una hazaña. Llegar a la escuela con las habilidades cognitivas adecuadas, una proeza: un millón 272 mil pequeños no lo lograrán.
Regresemos ahora a los pasillos del Organismo Judicial. En un mismo día, en un juzgado se ventilaba el caso “Agüita Mágica” y en el otro se imputaba a los primeros acusados por el supuesto fraude del Transurbano. La estafa, en el primero de los casos, ascendería a 18.7 millones de dólares. En el segundo, a 35 millones.
Los sobornos pagados por Odebrecht a Alejandro Sinibaldi superan los 9 millones de dólares. La Línea le defraudaba al fisco un millón de dólares al mes. La empresa Pisa pagó un soborno de 2.5 millones de dólares por un contrato que, de paso, pudo haber acelerado la muerte de 18 pacientes de diálisis. Y esto es de suma y suma y suma.
En declaraciones recientes, Juan Carlos Carías, nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aseguró que “con ayuda de Dios” quizá podía alcanzarse para 2020 la ansiada meta de reducir, en 10 por ciento, los índices de desnutrición crónica. Más que intervención divina, lo que se necesita es acabar con este sistema podrido que condena a los niños a una vida sin posibilidades de superación. O que los sentencia a muerte.
La vida de 111 pequeños fallecidos el año pasado, por no poderse alimentar, se hubiese podido salvar con la millonésima parte de lo robado en uno de los tantos casos emblemáticos destapados desde el 2015. De eso, no cabe duda.
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