Una propuesta de ley ha puesto en el centro de las críticas a diputados, quienes plantean la creación de nuevos regímenes tributarios. Esto afectaría a locatarios de mercados y, según ellos, beneficiaría a grandes empresas.
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El Congreso de la República avanza en la aprobación de una ley que crearía dos regímenes especiales de tributación simplificada. Estos estarían bajo la denominación de "impuesto a la confianza tributaria", el cual se dirigiría a dos grupos específicos.
El régimen primario se aplicaría a quienes se dedican a actividades de agricultura y artesanías, siempre y cuando vendan sus productos en supermercados, centros de acopio y mercados cantonales y municipales.
Un segundo régimen sería el pecuario, a personas individuales o jurídicas dedicadas a la producción y comercialización de productos de los sectores pecuario, hidrobiológico y apícola.
Tales aspectos están contenidos en la iniciativa 6351 y, entre otros aspectos, contempla modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según los ponentes e impulsores de la propuesta, entre sus ventajas figuran:
- Creación y regulación de nuevos regímenes de tributación
- Inclusión de distintos sectores, incluso actores invisibles, en la economía nacional
- Promoción del desarrollo social
- Fortalecimiento de la economía local y nacional
- Impulso de la competitividad sectorial y aprovechamiento sostenible de recursos naturales
- Facilitación y adaptación de la tributación en cada etapa de la cadena productiva
Así se aplicaría el régimen primario
De acuerdo con el proyecto, el régimen primario de tributación se aplicaría a comerciantes cuyo monto de ventas brutas no exceda los 3,500 salarios mínimos al año, lo cual equivaldría a unos Q12.5 millones.
En la iniciativa se indica que al inscribirse en este mecanismo, el contribuyente quedaría obligado a pagar un impuesto por el equivalente al 1.5% del importe de sus ventas brutas con carácter de pago definitivo.
¿Quiénes estarían en el régimen pecuario?
El segundo régimen tributario que se crearía si la ley cobrara vigencia se aplicaría a quienes desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas.
Igual que en el anterior, se podrían acoger a este mecanismo quienes comercialicen sus productos en supermercados, mercados cantonales o municipales y centros de acopio.
El proyecto indica que el mencionado sector tendría que pagar un impuesto equivalente al 1.5% sobre el importe de sus ventas brutas, ya sea dentro o fuera de la finca o áreas de producción, con carácter de pago definitivo.
Empero, el tributo para los intermediarios de productos bovinos tendrían que cancelar el 10% sobre sus utilidades y los exportadores tendrían que cumplir con el 2% sobre lo que obtengan de sus ventas brutas, cuando se realicen en pie.
Quedarían excluidos de este régimen "todos aquellos productos pecuarios derivados de la crianza porcina, avícola y pesca industrial, en virtud que se encuentran regulados en la actualidad por el Impuesto al Valor Agregado", reza la iniciativa.
Exoneración del IVA
Otro aspecto que contiene la propuesta es una exoneración del IVA para organizaciones de padres de familia y personas que venden alimentos procedentes de la comunidad a las escuelas, en el marco del Programa de Alimentación Escolar.
"Para tal efecto, deberán recibir de quien les venda la factura que corresponda, pero no pagarán el monto del impuesto consignado en dicho documento, sino entregarán al mismo la constancia de exención debidamente autorizada por la Administración Tributaria", dice el proyecto de ley.
"Beneficiaría a grandes productores"
Aunque diputados del bloque Cabal y Vamos, principalmente, se han dedicado a cabildear por la aprobación de esta normativa y han destacado beneficios para los sectores ganadero y agrícola, hay varias voces en contra de la propuesta.
Los legisladores han defendido que el proyecto tiene como fin brindar certeza tributaria a quienes se dedican a las citadas actividades y también han resaltado que se trata de una manera de llevarlos a la formalidad, ya que estarían obligados a emitir facturas.
Sin embargo, locatarios de mercados que funcionan en la ciudad capital consideran que un nuevo impuesto los afectaría. Además, han criticado la falta de publicidad de los cambios que se quieren hacer.
Representantes de la organización Mercados Unidos hicieron un llamado recientemente a vendedores de distintos puntos del país a "estar alertas" y tomar acciones para evitar que cobre vida legal la iniciativa 6351.
Según manifestaron, con esta propuesta solo se pretende apoyar "a grandes productores".
En una línea similar se pronunció Marcelo Rojas, representante de los vendedores del mercado La Terminal, en la zona 4 capitalina.
El comerciante refirió que, de aprobarse la normativa, se tendría que incluir un párrafo en el cual se aclare que los "grandes productores y comercializadores" que quedarían obligados a cumplir con el tributo no pueden trasladar el costo a los productos, de tal manera que no se afecte al consumidor final.
"Esto es importante, porque no es lo mismo un supermercado que un mercado, y los guatemaltecos que no llegan ni a ganar el salario mínimo tienen cada vez menos posibilidades de comprar los alimentos que necesitan", expresó.
Denuncian premura
Por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) opinó que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso se apresuró al dictaminar esta propuesta, que, de acuerdo con su análisis, carece de elementos "básicos y esenciales para una modificación de la legislación tributaria".
"La iniciativa 6351 propone que un grupo de contribuyentes, que no pueden considerarse pequeños, se beneficien con un régimen tributario especial, sin razón o justificación técnica", indicó la entidad.
Asimismo, llamó al Ministerio de Finanzas y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a evaluar el proyecto, y enumeró los factores por los cuales el proyecto no debería avalarse.
Entre estos destacó que los pequeños contribuyentes, trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y otros permanecerían con una tasa mínima de 5% sobre sus ingresos, mientras que los grupos beneficiados por la propuesta les aplicaría una tasa de solamente 1.5%.
Ya hay antecedente
La propuesta que avanza en el Congreso es similar a la 6165, promovida por la expresidenta de ese organismo, Shirley Rivera, en la legislatura anterior.
Esta se presentó en noviembre de 2022 y propone dar vida a la Ley de Regularización e Incorporación de los Sectores Productivos Primario, Pecuario, Bovino e Informal al Sistema Tributario.
De acuerdo con los registros de la Dirección Legislativa del Congreso, este proyecto se encuentra pendiente de recibir dictamen y es analizada en las comisiones de Agricultura y Finanzas.