Después de la captura de la excandidata presidencial Sandra Torres, ocurrida el año pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un memorial en el que solicitaban la cancelación del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
De inmediato, el partido político presentó un amparo con el propósito de que el informe no tuviera validez en el TSE. La UNE calificaba que el informe era ilegal. Sin embargo, el amparo presentado fue rechazado.
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El MP informó que el Juzgado Décimo Civil resolvió que "no hubo ilegalidades" en el informe presentado por la FECI ante el TSE, por lo que el amparo promovido por la UNE fue denegado por improcedente.
En el informe presentado el 29 de agosto del año pasado y firmado por el fiscal de la FECI, Vladimir González, se detalla que en las investigaciones del MP se determinó que la UNE no reportó más de 27 millones de quetzales (Q27,689,304) que utilizó para financiar su campaña política durante el proceso electoral de 2015.
Además, establece que cuatro personas están siendo acusadas por los delitos de financiamiento electoral no registrado y por asociación ilícita en favor de la UNE, incluyendo a Sandra Torres la excandidata.
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