Comerciantes, agricultores y trabajadores de la economía informal también resentirían el impacto de no actualizar la normativa de la Ley Antilavado.
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La posible inclusión de Guatemala en una lista gris internacional por no actualizar la normativa antilavado podría generar efectos directos en la economía, el empleo, las inversiones y el acceso a servicios financieros para la población, coincidieron expertos durante el XXIII Encuentro Regional contra el Lavado de Dinero u otros Activos y financiamiento contra el Terroristmo (Cladit 2026).
En la actividad, organizada por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), Ana María De Alba, consultora de gestión de riesgo y banca, señaló que aplazar la aprobación de una ley alineada con los estándares internacionales representa un riesgo no solo para la reputación del país, sino también para toda la economía nacional.
La posible inclusión de Guatemala en una lista gris por no actualizar la normativa antilavado podría generar efectos directos en la economía, el empleo, las inversiones y el acceso a servicios financieros.
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Inversión y comercio
De Alba sostuvo que las consecuencias no se limitarían al sistema bancario, sino que alcanzarían a todos los sectores productivos y a la población en general y que una percepción internacional de alto riesgo podría dificultar las operaciones financieras internacionales y reducir las oportunidades para importar y exportar bienes y servicios.
Además, alertó que esto provocaría una disminución de la inversión extranjera y una contracción económica que terminaría impactando directamente en el bolsillo de los guatemaltecos.
"Mientras menos oportunidades tenga un banco para tener servicios de corresponsalía bancaria, más se va achicando la economía", indicó y recordó que las economías funcionan de forma globalizada y aislarse de esos sistemas internacionales reduce oportunidades comerciales, financieras y laborales.
Economía informal
Enfatizó que incluso las personas que trabajan en la economía informal resentirían las consecuencias de no aprobar la ley porque menos servicios financieros y menos intermediarios significan menos acceso a herramientas económicas y digitales para comerciantes, pequeños negocios y trabajadores independientes.
Impacto a la economía informal si Guatemala no actualiza la normativa Antilavado. pic.twitter.com/fiBk33S3sR
También señaló que la informalidad económica avanza cada vez más hacia plataformas digitales y limitar el acceso al sistema financiero internacional dificultaría aún más esas actividades.
Asimismo, abordó las dudas sobre personas que manejan efectivo como parte de actividades legítimas, entre ellas agricultores o comerciantes de la economía informal.
De Alba explicó que una ley moderna no busca criminalizar automáticamente a quienes portan cantidades altas de dinero en efectivo, sino analizar cada caso bajo un enfoque basado en riesgo y perfil financiero.
Indicó que en estos casos las autoridades y las instituciones financieras deben evaluar si el origen del dinero corresponde con la actividad económica de la persona. "Eso no debería de ser ningún problema, siempre que tú has identificado a tu cliente y entiendes que su negocio genera efectivo", explicó.
Además, señaló que el objetivo de la normativa no es reportar por reportar, sino crear perfiles financieros adecuados para distinguir entre operaciones legítimas y actividades sospechosas.
Impacto a las remesas
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Arias, advirtió que una eventual inclusión de Guatemala en una lista gris internacional podría provocar mayores costos y demoras en distintas operaciones financieras internacionales, entre ellas remesas, transferencias bancarias, pagos con tarjeta, inversiones, importaciones y exportaciones.
Según explicó, el endurecimiento de controles financieros también podría elevar hasta en un 40% los costos para el envío de remesas, además de generar nuevas restricciones y procesos adicionales para las familias que reciben recursos desde el extranjero.
También se indicó que ingresar a esa lista podría encarecer y ralentizar operaciones internacionales, incluidas remesas, transferencias bancarias, inversiones, pagos con tarjetas, importaciones y exportaciones. pic.twitter.com/triaZBjS5k
Arias añadió que cualquier limitación en el sistema financiero impactaría a pequeños negocios, emprendimientos y microempresas que dependen de servicios bancarios para mantener sus operaciones y si Guatemala es catalogada como un país de alto riesgo, las entidades financieras internacionales exigirían más requisitos y dificultaría el acceso a créditos, financiamiento e inversión.
Reglas iguales para todos
De Alba sostuvo que una normativa actualizada permite crear un campo nivelado para todos los participantes del sistema financiero, evitando ventajas para quienes incumplen controles.
Afirmó que cuando todas las instituciones aplican las mismas exigencias, se reducen espacios para operaciones ilícitas y se fortalece la confianza en el sistema financiero e indicó que el lavado de dinero no es un delito aislado, sino que suele estar vinculado con actividades como narcotráfico, trata de personas, tráfico humano y otras estructuras criminales.
Menores vínculos con la actividad criminal, más seguridad para los guatemaltecos. pic.twitter.com/tuUemc1h2G
"La ley protege a la industria y al país completamente para que no se utilice como puente o vínculo para actividad criminal. Donde existe alto índice de actividad criminal, todos perecemos. No hay seguridad cuando sales a la calle, incluso empiezan las extorsiones, etc. Entonces, tener unas buenas leyes que prohíban ese tipo de actividad indirectamente te está ayudando a ti, como ciudadano, a proteger tu estilo de vida, tu medio ambiente", mencionó.
Consideró que fortalecer los controles financieros y mantener normas actualizadas también contribuye a mejorar la seguridad, estabilidad económica y calidad de vida de la población guatemalteca.
Según explicó, Guatemala enfrenta una próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para el próximo año.
Concluyó en que llegar a esa revisión sin una normativa actualizada podría colocar automáticamente al país en una lista gris de naciones consideradas no cooperadoras. "La reputación del país queda dañada inmediatamente", afirmó, lo que afectaría la relación de Guatemala con países y mercados internacionales, especialmente con Estados Unidos y Europa.
