Guatemala podría contar dentro de poco con una línea exclusiva para reportar emergencias médicas, de tránsito y de seguridad.
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El Congreso de la República aprobó esta semana en tercera lectura una iniciativa que data de 2019 y plantea la creación de un centro de llamadas de emergencia, bajo la línea 911.
El objetivo sería asignar el número único de atención, que se convertiría en exclusivo para recibir todos los reportes telefónicos, por mensajes de texto y alertas electrónicas sobre cualquier tipo de eventualidad en el país.
Esto permitiría catalogar las emergencias, por medio de protocolos internacionales, así como coordinar las acciones con las instituciones públicas a cargo de la asistencia a la población.
El proyecto de ley, identificado con el número 5608, indica que "poseer un único número que centralice las llamadas ayudará a brindar de manera más ágil la atención de emergencias".
A cargo de la PNC
Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la creación del centro único de contacto, el cual quedaría a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre sus funciones estaría procurar los registros de las llamadas y mensajes recibidos, su ordenamiento en base de datos actualizada y almacenamiento para consulta histórica.
La información que incluiría ese registro sería la siguiente:
- Número del servicio telefónico o de datos que genera la llamada o mensaje
- Fecha y hora del inicio de la llamada
- Fecha y hora de la finalización de la llamada
- Nombre del agente receptor de la llamada
- Registro auditivo, visual o electrónico de la llamada, mensaje o alerta electrónica
Además, el personal asignado a esta nueva entidad tendría que ser capacitada para enlazar el pedido de auxilio con la institución a la cual le competa atender la situación, sea esta PNC, bomberos o Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por mencionar algunas.
Comunicación sin costo
Creada la normativa, la Superintendencia de Telecomunicaciones tendría que habilitar el número único de atención de llamadas 911. Asimismo, le correspondería incluirlo en la lista de asistencia pública y darlo a conocer a los operadores de telecomunicaciones.
Estos últimos estarían obligados a garantizar que las llamadas o mensajes dirigidos a esa línea no tuvieran ningún costo para los usuarios, tal como lo norma el artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Lo que sigue
Con su aval en tercera lectura, la iniciativa está a un paso de cobrar vida legal, lo cual se prevé que ocurra en las siguientes semanas, pero dependerá de los acuerdos que se logren entre las bancadas.
Una vez se emita el decreto respectivo y sus preceptos cobren vigencia, correría un plazo de seis meses para la creación de reglamentos y protocolos que permitan el funcionamiento del mecanismo de emergencia.
