Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, afirmó que el Ejecutivo sostiene una postura firme en cuanto al cumplimiento de la ley.
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El Organismo Ejecutivo reaccionó al reciente comunicado emitido por el Ministerio Público (MP), en el que se advertía sobre posibles sanciones para funcionarios y agentes policiales que incumplan disposiciones legales o actúen de forma negligente.
Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que el Ejecutivo mantiene una postura clara respecto al cumplimiento de la ley. "La Constitución establece que ningún funcionario está obligado a acatar órdenes ilegales. Eso está plasmado en nuestra carta magna", señaló Palomo, enfatizando que el Gobierno actuará conforme a los principios legales.
En cuanto a la evaluación de órdenes, Palomo explicó que se establecerán los parámetros necesarios para asegurar que las acciones gubernamentales se enmarquen dentro de la legalidad.
El secretario también adelantó que, en los próximos días, se enviará una invitación a la fiscal general, Consuelo Porras, para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo. Según Palomo, esta invitación está respaldada por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que obliga a la fiscal general a atender convocatorias del Consejo de Ministros o la Junta de Gabinete.
"Estamos afinando el mecanismo con base en la ley para que no haya ninguna excusa para no asistir a esta reunión", concluyó Palomo.
La respuesta del Ejecutivo se da en un contexto de tensión institucional, en el que ambas partes buscan definir sus roles y competencias dentro del marco legal vigente.
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