Una sala de lo Contencioso Administrativo dejó en firme la anulación del contrato con AMP Terminals, después de una investigación que reveló que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sobornaron para garantizar el contrato.
EN CONTEXTO: Tras anular contrato con APM Terminals ¿qué problemas se vienen para Puerto Quetzal?
Después que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en definitiva anular el contrato de usufructo por 25 años que concedió la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a APM Terminals, las autoridades no descartan lanzar una nueva licitación internacional que permita aumentar la capacidad anual para el manejo de contenedores.
Ricardo Monterroso, gerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), explicó a Soy502 que una de las medidas que se estarían tomando para continuar con las operaciones, es realizar una nueva licitación pública internacional con transparencia y favorable para el país.
Por ahora no se tiene claro si se haría una nueva concesión o se trataría de una alianza público privada, pero es parte de las consideraciones que se están analizando en una "mesa de crisis" que está evaluado los mecanismos que permitan minimizar el impacto al comercio marítimo internacional de Guatemala.
Monterroso reconoció que, debido a que EPQ no ha tenido una inversión para mejorar sus instalaciones durante 40 años, APM Terminals prácticamente cubría más del 60% de las operaciones, pues "el tráfico superó la capacidad instalada del Puerto".
En tanto, el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, confirmó en una radio local que "como solución de largo plazo, esto deberá concesionarse a través de un proceso de licitación pública internacional donde se respeten todos los derechos y se haga de una manera transparente".
Así nació el problema
El acuerdo inicial se firmó durante la administración de Otto Pérez Molina el 11 de julio de 2012 con la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). En el convenio se otorgó en concesión 34 hectáreas de terreno de EPQ durante un período prorrogable de 25 años.
La idea era que al finalizar el usufructo, Guatemala se quedara con toda la infraestructura instalada y pasara a manos de EQP, lo que le permitiría continuar con sus operaciones con instalaciones modernas y de primer mundo que reducirían el tiempo de espera y permitiría agilizar el tránsito marítimo.
El usufructo fue duramente criticado desde sus inicios y muchos pidieron que se declarara lesivo, por considerar que el país había quedado en una situación de desventaja al perder el 80% de las ganancias que genera el Puerto Quetzal.
Más tarde, en abril de 2016, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y la Fiscalía especial contra la Impunidad, en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaron una red de corrupción dirigida por Pérez Molina y Roxana Baldetti, en la que TCQ pagó más de 30 millones de dólares (unos Q236.6 millones) en sobornos.
En medio del proceso legal, se anunció que TCB, y por consecuencia TCQ, habían sido adquiridas por la empresa ubicada en Holanda APM Terminals, filial de la empresa de transporte Maersk Group, que opera en Dinamarca.
En 2017 los órganos jurisdiccionales decretaron la nulidad del convenio, pero varios recursos legales, incluido un arbitraje internacional en contra de Guatemala, retrasaron la decisión hasta este lunes 10 de junio, cuando la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de nulidad.
Esta situación se sumó a otro problema más que aquejaba al Puerto Quetzal, ya que desde el domingo 9 de junio, más de 20 buques han estado detenidos, luego que se suspendieran las operaciones debido a las condiciones climáticas.
Sin capacidad instalada
"El mercado ya nos superó, la capacidad instalada que tenemos ya no está acorde a la demanda", dijo Monterroso, mientras comentó que todos sus esfuerzos están concentrados en este momento para continuar con el funcionamiento normal, aunque reconoció que hay inversiones urgentes que se deben de realizar, como los dragados, aunque esto sólo "asegura la vida del puerto".
En la actualidad, APM Terminal sólo logró desarrollar la primera fase del proyecto, por lo que cada año estaba recibiendo más de 200 mil unidades de contenedores, comparado con no más de 130 mil que maneja EPQ.
"Lo que pretendemos es que no haya una disrupción en el comercio marítimo internacional de Guatemala con las acciones que se van a implementar y las que se están trabajando en la actualidad. El tema es complejo, ahorita tenemos un tema de cola de buques que ha complicado la situación que ha obligado cierres, pero estamos buscando la manera de corregirlo", manifestó el gerente de EPQ.
Además de considerar una nueva licitación internacional, las autoridades de EPQ pondrán en marcha la fase 1 del Plan Maestro, que según Monterroso permitirá una ampliación del Puerto que no se ha realizado en los últimos 40 años, lo que evitará que las colas de buques crezcan.
Monterroso detalló que EPQ cuenta también con una figura denominada como Régimen de Gestión Indirecta que permite la tercerización de los servicios que presta Puerto Quetzal, pero esto lo deberá de aprobar la Junta Directiva.
Suspende viaje
Hasta el momento las soluciones a corto, mediano y largo plazo continúan en análisis. Incluso, el presidente Bernardo Arévalo reveló que podría suspender una nueva gira en Europa, debido a que en los últimos días deberán de tomar decisiones importantes para solventar la situación del Puerto.
Además, también informó, sin entrar en detalles, que el sector privado presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que podría brindar un giro a la problemática en EPQ y que depende de ello para retomar su viaje hacia Europa.
