Este miércoles, se reveló que Roxana Baldetti buscó apaciguar a los medios de comunicación y la crisis que se desató cuando salieron a la luz las irregularidades en el contrato millonario para limpiar el Lago de Amatitlán.
Uno de los analistas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien participó este miércoles en el juicio por dicho caso, hizo referencia a tres hechos para blindar el negocio anómalo.
El primero está relacionado a la contratación de Richard Shaw, una persona que ayudaría a enfrentar la situación generada por las anomalías reveladas.
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El hombre fue llamado por la Vicepresidencia, pero, según los correos electrónicos y su testimonio, nunca tuvo un contacto directo con Baldetti. Su tarea era crear una estrategia de comunicación para defender a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca (Amsa) y a la empresa beneficiada, M. Tarcic Engineering, de acuerdo con el perito.
Además, asistió a dos reuniones con personal de Amsa. En el lugar donde se realizó una de ellas, se encontraba Mario Alejandro Baldetti, el hermano de la exvicepresidenta, pero este último no participó en las conversaciones.
Shaw se identifica en su blog como "comunicador social, graduado como administrador de empresas, con posgrado y maestría en imagen pública y relaciones internacionales". Asegura también que tiene amplia experiencia en la comunicación organizacional y asesoría empresarial.
Los otros dos detalles
El segundo hecho demuestra, según la fiscalía, el interés de la exvicemandataria en resguardar el contrato millonario, pues estuvo detrás de las aclaraciones que se enviarían a elPeriódico, el medio de comunicación que reveló por primera vez las irregularidades en la compra del "agua mágica" que sanearía al lago.
Las dos aclaraciones fueron elaboradas, con visto bueno de la exfuncionaria, por Uri Roitman, representante de la compañía, y Pablo González, exsecretario del agua de la Vicepresidencia.
Esto lo sostiene la fiscalía por medio de correos electrónicos de una mujer identificada con el apellido Abreu, vinculada con el despacho de Roxana Baldetti. Esa persona mantenía contacto con Roitman y González.
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El tercer dato revelado por el analista surgió de correos electrónicos de Karen Cardona, exvocera de la entonces vicepresidenta. En uno de ellos se menciona que Tarcic se encargaría del pago de 17 mil quetzales, y la “Secretaría de Comunicación del resto”, por una actividad pública en la que se respaldaría la contratación millonaria y a la que también asistieron medios de comunicación.
El negocio por la limpieza del lago, que luego fue investigado por el Ministerio Público y la CICIG, representaría un desembolso total de 137 millones de quetzales. En este caso está implicada la exvicemandataria, su hermano y once personas más.