Al menos tres salarios adicionales, un pago de 8 mil quetzales y actividades recreativas son algunos de los beneficios que los empleados del Ministerio Público (MP) gozan gracias al pacto colectivo.
El Sindicato de Trabajadores del MP (STMP) ha negociado, desde 1998, beneficios para los empleados de la entidad. Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los servicios personales representan cerca del 80% de su presupuesto.
De acuerdo al pacto vigente (de 2012), los más de 7 mil 200 empleados de la entidad investigadora tienen derecho a recibir un salario extra en enero, marzo y septiembre, así como un pago de 8 mil quetzales en noviembre, que se suman a los establecidos por ley como el bono 14 y el aguinaldo.
El acuerdo incluye otros beneficios como un seguro de vida y uno médico que se adiciona al pago del seguro social, los cuales representan un porcentaje del presupuesto.
El artículo 79 del pacto obliga a las autoridades del MP a asignar montos de 60 mil y 15 mil quetzales para actividades recreativas y deportivas, respectivamente.
Otro aspecto que se demanda para los trabajadores es la constante capacitación: se ofrece la oportunidad de licencias cuando los estudios lo requieran y beneficios económicos como el pago anual de matrícula universitaria, 1 mil 500 quetzales para gastos de impresión de tesis y graduación.
Según da cuenta el MP, de enero a septiembre de 2017 ha destinado 648.5 millones de quetzales para el pago de salarios y bonos. Del total, 555.8 millones corresponden a personal permanente; 76 millones, para empleados temporales; y 16.5 millones, para jornales.
Los salarios de la institución, de la que bastan 15 años para jubilarse, oscilan entre 3 mil 700 y 27 mil 700 quetzales, exceptuando el del Fiscal General que asciende a 48 mil 600.
Cabe destacar que el bono laboral correspondiente a un sueldo adicional; el de antigüedad, que aumenta un porcentaje con cada mes de permanencia en la institución; y el de mérito, que se entrega al retirarse, fueron aprobados durante la gestión de Adolfo González Rodas.
En los dos años que Rodas fungió como Fiscal General, se incluyó dentro del pacto la bonificación profesional para auxiliares fiscales y el bono extraordinario que correspondía a un 50% del salario en marzo y el resto en septiembre.
En la administración de Claudia Paz y Paz se incluyó en el convenio una gratificación de 8 mil quetzales, que se pagaba desde el mandato de Juan Luis Florido, y un incremento del 100% del bono extraordinario de marzo y septiembre, dejándolo en un sueldo extra en cada mes.
En 2017, el STMP planteó que el beneficio de 8 mil quetzales, que se entrega en noviembre, fuera elevado a 15 mil, pero a decir del secretario general de la organización, Marco Antonio Esquivel, las autoridades respondieron que no era viable por limitaciones presupuestarias.
Esquivel refirió que el mandato de Aldana solo les ha dejado, a la fecha, un aumento salarial de 700 quetzales.
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El Secretario del STMP defendió que los beneficios que otorga el pacto buscan darles condiciones laborales de calidad a los empleados de la entidad que ofrecen un trabajo de calidad y que, en algunos puestos, extienden su jornada por más de ocho horas.
Destacó que otro de los fines es compensar el riesgo de la labor fiscal, ya que muchas veces, la búsqueda de venganza por algún acusado se extiende hacia cualquier persona que se identifique como empleada del MP, sin importar el cargo.
Carlos Salazar, secretario de organización del STMP, añadió que son beneficios respaldados por la ley y que no van a detener su labor sindical por las críticas; simplemente responden al clamor de la clase trabajadora.
Para Luis Linares, experto del área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el problema con el MP es que rompe la escala de salarios del Estado porque es una de las entidades con mejores condiciones.
Si bien la aspiración de todo trabajador es ganar lo mejor posible, a decir de Linares el problema con el MP es que se trata de una entidad pública y debiera guardar una homogeneidad con el resto de instituciones que comparten al Estado como patrón.
Respecto al peligro del trabajo, el analista agregó que si fuera por eso, el piloto de un autobús debiera ganar lo mismo que un fiscal. Linares hizo un llamado a revisar el pacto colectivo y, si es necesario, considerar una baja en los beneficios.
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