El mensaje que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikky Haley, transmitió al Ministerio Público, MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha generado discusión entre operadores de justicia y abogados.
En un cable de la agencia de noticias Reuters, la embajadora Haley expresó su apoyo a la CICIG y al Comisionado Iván Velásquez, pero hizo estas recomendaciones para el trabajo que realiza en conjunto con el MP: 1) No politizarse; 2) Hacer su trabajo con mayor discreción “como el FBI” y 3) No aparecer “en los periódicos todos los días”.
La pregunta clave es si este mensaje pondrá fin a las conferencias de prensa que suelen realizar la Fiscal Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez después de los operativos policiales que abren los procesos.
Consultado sobre el tema, el penalista Julio Barrios Prado, indicó que no le parece conveniente que se dejen de realizar las conferencias de prensa del MP y CICIG. El abogado, quien participó en la persecución inicial del caso La Línea, donde están implicados el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, dijo que ello dejaría demasiadas dudas. "No basta con los argumentos de la audiencia", afirmó. "En pos de la transparencia los órganos de justicia deben dar cuenta de sus actuaciones".
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que en Guatemala se han dado casos de tal relevancia que sería impensable iniciarlos sin una explicación institucional. “¿Cómo pedir que le retiren la inmunidad a un presidente o solicitar órdenes de captura para un gabinete entero, sin decirle a la sociedad por qué?”, cuestionó.
“El proceso penal es público para garantizar la fiscalización del mismo”, explicó el abogado. “Regresar a los procesos secretos del pasado es un gran peligro porque se puede manipular a los jueces y engañar a la población”.
Balsells recalcó en la necesidad de que exista una postura institucional en procesos de especial relevancia. “Sin información oficial, van a gobernar las ‘fake news’ ”, recalcó.
El constitucionalista también enfatizó que el resguardo de la publicidad de los procesos no debe evitar que también se protejan los derechos de los sindicados. “No se les puede estigmatizar, hay formas de evitarlo”, concluyó.
El abogado Alexander Aizenstatd, quien es egresado de la Universidad de Yale y está facultado para litigar en la Unión Americana, indicó que “una cosa es el FBI, pero la Fiscalía en Estados Unidos, que es el equivalente del MP, no trabaja en silencio”. Como ejemplo citó las recientes declaraciones del Fiscal General adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, al presentar acusación contra 13 rusos por intervenir en las elecciones de Estados Unidos.
"Explicarle a la población que está pasando es necesario", dijo Aizenstatd, pero añadió que en atención a las recomendaciones de Haley, el MP y CICIG podrían implementar acciones proactivas para velar mejor por los derechos de los sindicados.
Entre ellas incluyó: no publicar fotos de personas que figura en los procesos, salvo prófugos; promover la habilitación de un acceso más privado a los tribunales para los sindicados; no ofrecer apreciaciones subjetivas; priorizar la agilidad de los procesos; realizar un estudio sobre las violaciones a los derechos humanos de los procesados y privados de libertad para luego hacer las recomendaciones pertinentes, entre otros.
“En Guatemala siempre ha sido muy deficiente para los sindicados y privados de libertad”, afirmó Aizenstatd. “El MP y CICIG podrían contribuir a mejorar esa situación”.
Por su parte, el penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien ha defendido a algunos de los acusados en casos de corrupción iniciados por MP y CICIG, dijo que adversa las conferencias de prensa porque condicionan a los jueces y al público en contra de los acusados. "El proceso penal es público para las partes", especificó, "la única etapa pública es el debate". El abogado argumentó que la ley prohíbe que se presente a los sindicados a los medios pero que las autoridades nunca han acatado esa disposición constitucional: ni para los pandilleros ni ahora para los detenidos de cuello blanco.
"Las conferencias de prensa deben darse cuando los acusados ya han sido ligados a proceso", indicó. "La presencia de los medios en tribunales debe ser regulada. El mismo Facebook de la Policía Nacional está lleno de fotos de personas, detenidas por cualquier delito, con razón o sin ella. Esto en una sociedad más madura no pasaría", sentenció.
